Monterrey
Las normas obsoletas que rigen al sector industrial coartan la lucha contra la contaminación que genera ese sector en Nuevo León, opinaron especialistas consultados.
A ello se suma, dijeron, la laxitud de autoridades locales, que son “juez y parte” debido a su fuerte vinculación con el sector industrial.
Las partículas suspendidas conocidas como PM 2.5, el contaminante más peligroso en el cielo regio, registraron el año pasado 45% más días que en 2018 por encima de la norma recomendada, según cifras oficiales.
Aunque la industria no es la única responsable de esta crisis, sí es un jugador clave, pues tiene en el estado una presencia más importante que en otras ciudades mexicanas.
EL CASO ÁLCALI
Recientemente circuló en internet un video denunciando las emanaciones de la planta de Álcali, ubicada en el municipio de García, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey.
La empresa, propiedad de Vitro, que dirige Adrián Sada Cueva, respondió diciendo que sus emanaciones corresponden a “vapor de agua”.
Sin embargo, especialistas consultados cuestionaron su defensa al afirmar que la empresa, igual que otras del sector, declina hacer públicos sus inventarios reales de contaminantes.
Álcali, cuya vigilancia es competencia federal, está obligada a entregar a Semarnat información de los contaminantes que genera, pero la dependencia no los hace públicos en forma individual.
¿AUTORIDADES IMPARCIALES?
Al problema se suma la laxitud de las autoridades estatales, cuyos encargados tienen importantes antecedentes en el sector industrial.
Por ejemplo, Martín Mendoza Lozano, el subsecretario de Protección al ambiente, proviene del sector industrial pues trabajó 22 años en la Caintra, donde fue director del Instituto para la Protección Ambiental (IPA), operado por dicha cámara industrial.
El ecologista Guillermo Martínez Berlanga, criticó que los temas ambientales en la entidad sean manejados por funcionarios con vínculos al sector industrial o bien con desconocimiento del tema. Por ejemplo, dijo, el procurador estatal de Desarrollo Sustentable, Ricardo Pedraza, es notario y ‘compadre’ del gobernador Jaime Rodríguez.
Martínez Berlanga también cuestionó al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, quien aseguró que fue puesto en el cargo “por los empresarios”.
En su perfil público se da cuenta de que Vital acumula una trayectoria de 30 años en el sector inmobiliario. “Ellos son juez y parte, ¿cómo se van a aplicar así los reglamentos?”. cuestionó el activista.
PONIENTE PELIGROSO
El poniente de la metrópoli regiomontana, que abarca los municipios de Santa Catarina y García, alberga la mayoría de las pedreras del estado, dedicadas a la explotación de cerros como insumo para fabricar cemento.
Algunas como Concretos Quetzal, Holcim y la propia Cemex tienen instalaciones en la zona. A ellos se suman otras plantas como las de Tractebel, Solvay Química y Minera, Vitro Vidrio Arquitectónico, Liebherr, Mextile, Praaxair y Nemak.
Algunas han sido denunciadas por residentes de generar emisiones tóxicas, en ocasiones durante la noche. La situación se evidencia en cifras de un documento que elaboraron autoridades ambientales del estado y la Federación, llamado Pro Aire, que establece que García genera 11% del Dióxido de Azufre (SO2) de Nuevo León.
El contaminante se produce por la quema de combustibles fósiles y es precursor de las peligrosas partículas PM2.5, que penetran a profundidad el tracto respiratorio y representan una amenaza para la salud, dice un documento encargado por el estado al Centro Mario Molina. Además, Pro Aire dice que el responsable de las emanaciones de SO2 en la zona es la industria química, de la que Álcali de una de sus representantes.
NORMAS OBSOLETAS
La norma de combustiones que ampara a Álcali en sus emanaciones data de 1994, aunque según expertos es obsoleta.
“Las normas deben actualizarse cada cinco años; sin embargo, ni están bien hechas ni se han actualizado”, advirtió Alfonso Martínez Muñoz, director del Observatorio del Aire de Monterrey.
Sin embargo, el sector industrial no ve con buenos ojos el modernizar las normas, acción que eventualmente lo obligaría a invertir en mejores procesos.
“De qué sirve tanta regulación y tanta normatividad si no va a haber quién le dé cumplimiento. Actualizas, sacas una norma nueva, y luego ¿quién le da revisión a eso?”, expresó en una plática a título personal Julio Martínez, gerente de servicios del Instituto para la Protección Ambiental (IPA) de la Caintra.
