El océano es “patrimonio de la humanidad”, supone el 71 % de la superficie del planeta, con alta mar (más conocida como área más allá de la jurisdicción nacional o ABNJ, por sus siglas en inglés) que abarca el 64 % y del que «apenas está protegido el 1 %», señala en entrevista, Gladys Martínez, abogada costarricense que estará presente en la negociaciones para lograr un Tratado de Alta Mar, que se llevarán a cabo en Nueva York del 7 al 18 de marzo.
Tratado de Alta Mar “global e inclusivo”
Las negociaciones -que llevan 15 años- pretenden dar paso a «un Tratado de Alta Mar global para la conservación y uso sostenible de los recursos de las áreas fuera de la jurisdicción de cada país, y a la vez inclusivo, es decir que contemple todas las actividades que se desarrollen en ese espacio», actualizando así la Convemar.
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (Convemar o también conocida como CDM, CNUDM o UNCLOS, en inglés) se firmó en 1982 en Nueva York, sin embargo, solo entró en vigor en 1994, un año después de la 60 ratificación del documento por parte de Guyana.
El nuevo documento pretende regular actividades como la minería marina, porque “existen muchos intereses y presiones» actualmente en las negociaciones en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para otorgar permisos de explotación a corto plazo, no solo de exploración, cuando aún no hay estándares de impacto ambiental de una actividad que supondría un «daño muy preocupante” para los ecosistemas marinos «que apenas se conocen», además del transporte de mercancías o la contaminación.
Hay países que pretenden además que “la pesca quede fuera de esta regulación”, según Martínez, algo que “permitiría dejar la puerta abierta para excluir otras actividades como la minería marina, el transporte marítimo, el cableado submarino”.
Marco regulatorio y sistema de gobernanza
Por ello, el nuevo Tratado busca crear «un marco regulatorio y un sistema de gobernanza» que además de englobar las actividades que se puedan desarrollar en alta mar», «sea un documento robusto de implementación, que contemple la obligación de realizar “estudios de impacto ambiental” con unos «estándares altos» que incluyan toda la cadena de impactos de una actividad y no solo en el lugar donde se realice, es decir que mida los efectos acumulativos de toda actividad».
Según la representante de High Seas Alliance, organización que aglutina a 40 ongs y de la que forma parte la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para asesorar a las partes, esta reunión en la que están presentes todos los países integrantes de la ONU «debería ser la última», no obstante, los efectos de la pandemia del Covid19 podría prolongar las negociaciones «a una próxima cita» hasta llegar a una resolución de Naciones Unidas.
Las negociaciones se están llevando a cabo por grupos regionales, explica Gladys Martínez -asesora del grupo de países de Latinoamérica-, «entre los que Costa Rica y Chile han sido los más activos para lograr un acuerdo», pero también se encuentran diseñando sus estrategias el de la Unión Europea, el Caribe, los asiáticos, entre otros.
Además, aunque no es un grupo, intervienen los países que no tienen salida al mar liderados por Suiza, y en el que está -entre otros- Paraguay, porque no quieren quedar «excluidos» de los beneficios que se puedan obtener de los hallazgos en alta mar, como puedan ser «la cura al cáncer o el elixir de la eterna juventud».
Todos los grupos regionales «están planteando en este momento» sus posiciones y los puntos que van a debatir o acordar en la negociación de los elementos de este Tratado en alta mar, espacio «que incluye el cuerpo de agua», donde «hay mucha vida y suceden muchos movimientos migratorios de especies».
Estructura y herramientas del Tratado
De ahí la importancia del Tratado, que está compuesto por lo que los expertos conocen como «elementos del paquete» del documento e incluye -entre otros- «las herramientas de manejo espacial marino, que abarcan las áreas marinas protegidas y las reservas; las evaluaciones de impacto ambiental; los recursos genéticos marinos y la creación de capacidades y tecnología».
Además de estos temas, subraya la abogada costarricense, en la negociación del Tratado de Alta Mar se incluye aspectos que «regulen la estructura» del mismo, como la creación de «un comité científico» que revise continuamente lo que sucede en el océano y su evolución, «la celebración de una conferencia de las partes (COP), entre otros aspectos».
Asimismo, los grupos regionales estudian actualmente «un texto enviado por la presidencia» de la Convención para la protección del océano, un espacio que ocupa dos tercios del planeta, dice Martínez, y cuya importancia radica en que es uno de los reguladores del clima y de su conservación y protección depende que la crisis climática se reduzca al ser uno de los captores de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) más importantes.
Según la ONU, 3.000 millones de personas dependen del océano para la obtención de alimentos, trabajo y recursos.
