El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca criticó la enésima pifia legislativa del Congreso local provocada por la falta de consenso y diálogo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Luis Alfonso Silva Romo.
En entrevista, el presidente estatal del partido del Sol Azteca, Tomás Basaldú Gutiérrez lamentó el papel que les ha tocado jugar a lo largo de esta LXV Legislatura local a la bancada de Morena y sus aliados, dado que suman ya, varios reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La víspera, la comisión de Receso de la Corte, concedió la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
Conforme al procedimiento establecido, La Corte comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta, cita la SCJN.
Al respecto, el perredista urgió analizar el desempeño de los representantes populares que no sirven a los intereses de la ciudadanía, sino nada más a los propios y a los de un grupo.
El PRD tiene voluntad política para analizar y se mejore el funcionamiento de los órganos autónomos, no defendemos personas, sino a las instituciones, y contribuiremos con lo que esté apegado a la ley”, afirmó.
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A su vez, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández consideró que el destino de la reforma efectuada vía fast track para imponer a un nuevo Tribunal de Justicia Administrativo, es la invalidez como ocurrió en el estado de Veracruz.
La panista felicitó a los integrantes de la comisión de receso de la SCJN para detener “una pifia aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de Oaxaca, pasando por encima de la ley y de la Constitución”.
Woolrich Fernández explicó que en caso de desacato a las determinaciones de la Corte, las sanciones serán contundentes tanto para los legisladores locales como para los funcionarios.
Estimó que no habrá necesidad de analizar a fondo el caso de Oaxaca, dado que hay jurisprudencia y se tomaría el caso de Veracruz, “conceder una suspensión es un avance para garantizar el respeto a la ley en el estado”.
