Durante la última semana se registraron por tres días seguidos, homicidios cometidos en contra de mujeres, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Uno de los casos fue el feminicidio de Akemy Pérez, una mujer de 30 años originaria del Istmo de Oaxaca.
La joven fue hallada en su domicilio el pasado lunes 4 de julio, el cual se ubica en la colonia Consejo Agrarista, en la alcaldía Iztapalapa. La víctima presentó siete heridas en el cuerpo realizadas por alguna arma punzo cortante.
Según los primeros reportes de las autoridades encargadas de la investigación, Akemy discutió con su pareja sentimental, identificado como Edgar Ariel ‘N’, quien presuntamente la apuñaló. Sin embargo, ambos fueron encontrados en la habitación y con lesiones de arma blanca.
El hombre fue llevado en calidad de detenido a un hospital. Pues una vez su estado de salud lo permita tendrá que declarar ante la autoridad. Ya que los familiares de la fallecida señalaron que este sujeto es una persona agresiva y sufría ansiedad.
Por su parte, los policías de investigaciones y peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México procedieron a retirar el cuerpo sin vida de la mujer.
Días después, Akemy fue llevada a su su pueblo natal para ser sepultada en Santa Teresa de Jesús, agencia de Tehuantepec, en la región Istmo. Fue entonces que durante el cortejo fúnebre que la acompañó hasta su sepultura se sumaron colectivos feministas, amigos y familiares de la víctima para exigir justicia por el homicidio.
Así mismo, buscan que el caso sea investigado como feminicidio y no como un asalto que terminó en asesinato, que es el delito que le está imputando la autoridad Edgar Ariel “N”.
Pero eso no es todo, mostraron indignación total ante los medios de comunicación que difundieron imágenes de la escena del crimen sin consentimiento y proporcionadas por las mismas autoridades. Lo que podría tratarse de un delito, respaldado por la Ley Ingrid.
¿Qué es la Ley Ingrid?
La Ley Ingrid, consiste en una reforma al Código Penal Federal (CPF) que sanciona a las personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sensible de las víctimas de casos penales cuya investigación siga en proceso.
El pasado miércoles 23 de marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó esta ley. Con 470 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno de San Lázaro determinó por unanimidad que los funcionarios que violenten la nueva modificación al Artículo 225 del CPF incurrirán en una falta que se castigará con una pena de cuatro a 10 años de prisión más una multa de 100 a 150 días de su salario.
