El partido Morena en Oaxaca tiene servida una mesa para que representantes de todas sus tribus acudan al festín antropofágico. La hematofagia (hábito de alimentación de aquellos que se nutren con sangre) ya inició con el secuestro y golpiza que recibió el nuevo subdelegado del programa Bienestar en San Pedro Mixtepec, Rúsbel Salinas Vázquez.
La temeridad de los que planearon el “levantón” deja ver el tamaño de los intereses políticos que se mueven al interior del Morena. A Rúsbel lo recibieron con un secuestro express y amenazas para que se desistiera del cargo. Lo llevaron de Santa María Colotepec a un lugar despoblado de Puerto Escondido donde lo soltaron vendado de los ojos
TODOS VS TODOS
El politólogo Moisés Molina calcula un escenario muy complicado en las próximas elecciones a partir del comportamiento que estamos viendo entre los grupos al interior del llamado Movimiento de Regeneración Nacional. La disputa tan encarnizada por el control de las subdelegaciones del Programa Bienestar, anuncia que los grupos más belicosos que alcanzaron al poder gracias al efecto Peje, no darán ni pedirán cuartel a la hora de pelear candidaturas o urnas.
Esta observación no está alejada de la realidad cuando vemos la ferocidad con que disputan el control de las subdelegaciones Bienestar, y no es para menos. Son los titulares de estas oficinas los que exclusivamente manejan el padrón de los que reciben la gran cantidad de dinero público que López Obrador regala, más que para combatir la pobreza, para mantener a su clientela política.
No hay que olvidar la polémica que generó el mes pasado la entrega de los apoyos. Me dicen que fustigaron severamente a la delegada Nancy Ortiz no tanto por reunir a los grupos beneficiados en la región de la Costa para entregarles el efectivo en tiempos de Pandemia. El fondo del asunto es que varios presidentes municipales, hasta del PRI, recibieron copia del padrón y ellos querían encabezar los eventos.
Fuentes bien informadas me dicen que el único nombramiento ordenado por el presidente AMLO fue el de la llamada “súper delegada” Nancy Ortiz, las más de 40 subdelegaciones se lo repartieron las tribus del cartel 22 y sus “organizaciones sociales”. A eso se debe que tantos profesores ocupen esos cargos en todo el estado. Así les pagó Morena su activismo pro-peje, pero no están satisfechos. Los seguidores de Salomón Jara y los hermanos Flavio y Horacio Sosa van por todo. No le perdonan a la “súper delegada” que concentre tanto poder con la lista de los beneficiaros de los programas “Bienestar” en el estado.
EDILES LADRONES
En algunos municipios como Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal, gracias al valor de los regidores, hemos conocido las artimañas y complicidades que utilizan los presidentes municipales que desvían, sin el menor rubor, el dinero que debiera ser para obras municipales.
A partir de que el Órgano Superior de Fiscalización apéndice del (peor) Congreso local, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del estado, están supeditados y reducidos a simples “floreros”, los presidentes municipales roban con mayor voracidad. Saben que nadie los llamará a cuentas.
EVASORES
En una de las últimas declaraciones de Carlos Altamirano, titular de la desaparecida Auditoría Superior del Estado, mencionó que “cada que aplicamos auditoría en algún Ayuntamiento, los primeros que se oponen son los diputados”. Este mismo funcionario calculó que en los dos trienios pasados unos 70 presidentes municipales desviaron, con total impunidad, más de 3 mil millones de pesos.
Hace unos meses, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, antes de que revelara su inhabilitación de facto por parte del Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, dijo que había iniciado investigación contra 90 ex presidentes municipales por el desvío de mil 94 millones de pesos. Están señalados por fraude, abuso de autoridad y peculado. Allí quedó todo.
SAN ANTONIO DE LA CAL
San Antonio de la Cal es uno de los municipios mayormente saqueados. El presupuesto cercano a los 800 millones de pesos, primero fue robado por el administrador municipal Noé Lagunas Rivera y luego hizo lo mismo el pasado presidente municipal Eliseo Méndez Martínez.
Por las mismas complicidades ninguna autoridad los llamó a cuentas.
El actual edil Alfonso Vázquez va por el mismo camino. Llega al poder solapado por el Tribunal Estatal Electoral que reconoció su cuestionado triunfo. Lo primero que hizo fue desaparecer 8 millones de pesos que el administrador municipal anterior José Herrera, dejó en caja. No ha hecho ninguna obra y el pueblo ni siquiera agua potable tiene.
Crece la inconformidad de los habitantes que esperan la resolución de la Sala Xalapa del TRIFE. A decir de los abogados que llevan el caso, es viable que echen abajo elección tan impugnada.
El Magistrado Adín Antonio de León Gálvez está elaborando el dictamen del TRIFE para revocar el acuerdo del Consejo General del IEEPCO y que ratificó el Tribunal Estatal Electoral. Estas instancias declararon como “ganador” a Alfonso Vásquez en un proceso sumamente viciado y con apenas 900 votos. Juan Carlos Pascual Diego, el tercer contendiente, impugnó la discutida elección, pero los lugareños piden que lo que procede es la nulidad. San Antonio de la Cal no puede seguir siendo botín de ediles rateros.
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