El pasado lunes –algo que ya es común, siempre al inicio de semana- pobladores de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur, arribaron al complejo de oficinas de Ciudad Administrativa. Exigían una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat. Sabidos de que dicha práctica jamás tiene castigo, los vecinos de dicha comunidad, como ya es habitual, le cobran a los empleados de base y confianza la actitud negligente de las autoridades: de inmediato cerraron las puertas de acceso, impidiendo la entrada y salida de los trabajadores que ahí laboran. Dado que la protesta se da en horas hábiles, los dirigentes y manipuladores de dichos grupos lo hacen con todo el dolo y la mala fe posible. Secuestran o mantienen privados de la libertad a los trabajadores, hombres y mujeres. No obstante estar tipificado como un delito –secuestro o privación ilegal de la libertad- este tipo de acciones no se castigan, simplemente porque este gobierno como el anterior, tienen fija la idea de que aplicar la ley es actuar como ente represivo. Y tener el calificativo de represor, como el que tuvo el ex gobernador Ulises Ruiz, es simplemente aberrante –para ellos, claro-.
Hace unos meses, empleados cuyas oficinas de trabajo se ubican en Ciudad Judicial, fueron objeto de las peores bajezas de parte de vecinos de Santo Domingo Teojomulco. La libertad y los derechos humanos de los trabajadores son vulnerados por turbas de vecinos que actúan de manera irresponsable pero sobre todo, con impunidad insultante. Desde el modesto empleado de limpieza hasta el titular de una secretaría o dependencia, están a merced de bajezas, insultos, golpes o amenazas de parte de quienes irrumpen a las oficinas o complejos administrativos. Lo peor de todo ello es que dicha práctica se ha generalizado, pues a través de ello doblegan a quienes tienen que recibirlos. El pasado lunes se pidió a los trabajadores abandonar sus oficinas, con tan mala suerte que muchos no pudieron hacerlo ante el acoso y la actitud beligerante de los vecinos de Loxicha. Ya es tiempo de que se vayan poniendo cotos a este tipo de prácticas, sobre todo, de proteger a los trabajadores, que son la parte más vulnerable, de actitudes violentas y agresivas para las cuales no están preparados para responder. Ya basta de tanto vulnerar los derechos de quienes hacen posible la tarea de gobernar.
Tiradero municipal: Conflicto perpetuo
El pasado lunes volvió a revivir el añejo conflicto del basurero municipal, en esa tierra de nadie que conforman las colonias de paracaidistas, que dieron lugar a la formación de la agencia municipal “Vicente Guerrero”. Vecinos opositores a la presidenta municipal de la Villa de Zaachila, Marisela Martínez Coronel, que es a donde pertenece este núcleo poblacional, retuvieron camiones recolectores de basura e instrumentaron otros mecanismos de presión para exigir –se dice- los fondos de los Ramos 28 y 33, que le corresponden a la agencia. Este tipo de acciones son algo común en las colonias y asentamientos de esa agencia. Los conflictos internos entre los dirigentes de diversos grupos y los jaloneos para sacar recursos, tanto del municipio de Oaxaca de Juárez, que ocupa un espacio como tiradero como del de Zaachila. Es pues un gran negocio. Hay que recordar que uno de los jefes de la mafia que ahí se asentó es Francisco Martínez Sánchez, a) Pancho Mugre, hoy prófugo de la justicia, cuando sus protectores gubernamentales le dieron la vuelta. A la salida de Pancho, otros quedaron al frente de la citada tierra de nadie, en donde se dan diversos ilícitos, respecto a los cuales, el gobierno estatal simplemente se encoge de hombros.
El tema de la construcción de un nuevo relleno sanitario es bastante añejo. Hoy en día no sólo depositan sus desechos las colonias y más de 20 municipios conurbados de la capital oaxaqueña, sino inclusive, la basura proviene de municipios lejanos como Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ya se común que los pepenadores que ahí encuentran su modo de vida se quejen que de esta última población, los camiones recolectores traigan hasta cadáveres. La tarea sin embargo será para el gobierno que entra en funciones el primero de enero, con Oswaldo García Jarquín, como nuevo presidente municipal. Hay que hurgar entre los proyectos que han quedado en el tintero, pues en lo que se refiere al actual relleno sanitario, éste ya no opera en toda su capacidad, además de que está ubicado en una zona de conflicto permanente. Urge un nuevo proyecto y su realización, habida cuenta de los constantes dolores de cabeza que sigue generando el actual. Y debe dársele la prioridad que requiere, dado que no se trata de un rubro marginal sino de extrema prioridad. Y al menos van cinco administraciones municipales que han ido dejando para la siguiente, esa papa caliente que en el basurero.
