La realidad es una, Guadalupe Taddei incurrió en faltas graves a las leyes y debe responder a ellas, pero el gobierno federal parece tratar de justificar sus acciones.
Hay evidencias de ellas, existen una serie de videos donde ella y sus socios plantean los negocios que emprenderán y las ganancias obtenidas de las corruptelas cometidas.
La presidencia del Instituto Nacional Electoral le sirvió a ella para el otorgamiento de contratos a empresas con las que mantenía contubernio y el gobierno busca endosar la corrupción al pasado, método usado por los gobiernos de la 4T, para responsabilizar a otros de los errores por ellos cometidos.
Mientras se anuncia una amplia investigación hacia el pasado, la señora Taddei y sus socios se desaparecieron mágicamente del escenario y nadie sabe dónde se ocultan, aunque, tal vez, no haya necesidad de ello, ante la inacción de las autoridades.
La señora ya dejó el cargo, sus colaboradores principales presentaron su renuncia, los diputados están enfrascados en una serie de descalificaciones, unos y otros y el tiempo busca enterrar lo que inició como un gran escándalo.
El proceso electoral no está en riesgo, se tienen los controles necesarios para realizarlo y la presencia del árbitro electoral no trastoca la forma de efectuarlo.
Cierto, falta quien presida el instituto, pero los otros diez consejeros se encuentran activos y se cuenta con una presidenta interina, así como el Tribunal Electoral no estaba completo y en el INAI faltaban comisionados, se pudieron sacar los trabajos correspondientes.
Las instituciones mexicanas están acostumbradas a trabajar cojas y sacar los asuntos necesarios.
Lo importante es evitar que el partido gobernante nuevamente cope las instituciones consideradas autónomas y que la nueva cabeza sea una persona con calidad moral e independencia y que no esté sujeta a los caprichos de los gobernantes.
Desde la aparición del IFE primero y del INE después los procesos electorales se han desarrollado en un marco democrático, respetando el triunfo en las urnas de los que recibieron la mayor votación, aunque algunas de las acciones adoptadas después del recuento no han sido del todo acertadas.
Evitar que el árbitro electoral, sin importar el género sea perteneciente a una de las corrientes políticas es responsabilidad de los diputados y de ellos se espera que puedan encontrar un consenso.
De las autoridades judiciales se espera que procedan de acuerdo a lo ventilado y que aplique la justicia, sin miramientos de ninguna clase. Investigar a fondo la clase de trácalas cometidas en el INE por Guadalupe Taddei, sus colaboradores y los proveedores externos es una necesidad que se requiere para poder devolver al pueblo la credibilidad en sus autoridades.
