A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio a las estructuras del poder político de Guerrero.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, instalado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La resolución judicial, informada por la Fiscalía General de la República (FGR), no significa que el exmandatario haya sido declarado culpable. La vinculación establece que, a criterio del juez, existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe formalmente.
Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Altiplano, luego de que el juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
LA ACUSACIÓN APUNTA AL MANEJO DE LAS EVIDENCIAS
El eje de la imputación de la Fiscalía no se limita a lo ocurrido durante la noche de Iguala. La investigación busca establecer qué ocurrió con información y materiales que pudieron haber servido para reconstruir el paradero de los estudiantes y esclarecer la participación de autoridades y grupos criminales.
La FGR sostiene que, en su calidad de gobernador, Aguirre Rivero habría intervenido en el ocultamiento de información y evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas.
Uno de los elementos centrales de la acusación es un disco que contenía grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la hipótesis ministerial, las imágenes habrían registrado el desplazamiento de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, además de la presencia de policías y hombres armados durante los acontecimientos de aquella noche.
El material, por tanto, podría haber aportado información relevante para reconstruir la ruta de los jóvenes después de ser interceptados.
EL DISCO QUE PONE A AGUIRRE BAJO LA LUPA
Según los testimonios integrados a la carpeta de investigación, una entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría retirado un sobre que contenía el disco con las grabaciones y posteriormente lo habría entregado al entonces gobernador.
La Fiscalía ubica la recepción del material el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes.
La acusación sostiene que Aguirre Rivero habría entregado posteriormente el disco al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de las evidencias.
Este señalamiento representa uno de los puntos más delicados del proceso, porque de acreditarse durante el juicio implicaría que información potencialmente relevante para esclarecer el destino de los normalistas habría sido retirada deliberadamente del alcance de las investigaciones.
Sin embargo, se trata por ahora de una hipótesis de la Fiscalía que deberá ser acreditada mediante pruebas durante el proceso penal.
LA DEFENSA NIEGA QUE PUDIERA RECIBIR EL MATERIAL
Los abogados del exgobernador rechazaron la versión presentada por la FGR y aportaron más de 30 elementos probatorios para intentar desacreditar la acusación.
Uno de sus principales argumentos está relacionado precisamente con la fecha en que, según la Fiscalía, Aguirre habría recibido el disco.
La defensa sostiene que el exmandatario se encontraba en la Ciudad de México y participaba en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que —según sus abogados— no habría estado en Guerrero en condiciones de recibir el material.
El argumento busca desmontar uno de los momentos clave de la acusación: si Aguirre no recibió el disco en la fecha señalada, tampoco habría podido ordenar su destrucción bajo las circunstancias descritas por la Fiscalía.
El juez, sin embargo, determinó que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes, en esta etapa procesal, para desvirtuar la hipótesis de la FGR.
120 DÍAS PARA PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACIÓN
El órgano jurisdiccional otorgó 120 días de investigación complementaria.
Durante este periodo, la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas, mientras que la defensa tendrá oportunidad de aportar nuevos elementos para combatir la imputación.
Este plazo será particularmente relevante porque permitirá confrontar testimonios, documentos y demás evidencias relacionadas con el supuesto manejo de las grabaciones y con las decisiones adoptadas desde el gobierno estatal después de la desaparición de los normalistas.
La investigación también incorpora señalamientos relacionados con Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador y quien fungía como asesor. Según la información expuesta en la investigación, habría mantenido vínculos con integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal señalado en las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.
AYOTZINAPA, UNA HERIDA QUE SIGUE ABIERTA
La desaparición de los 43 normalistas continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en México.
Durante años, las investigaciones han enfrentado versiones contradictorias, cuestionamientos sobre la actuación de autoridades y reclamos de los familiares de los estudiantes, quienes siguen exigiendo verdad y justicia.
La situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero abre ahora otro capítulo: determinar si desde las instituciones del gobierno de Guerrero existieron acciones deliberadas para ocultar, destruir o manipular evidencias relacionadas con la desaparición de los jóvenes.
La vinculación a proceso no resuelve esa pregunta ni establece responsabilidades definitivas. Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando la Fiscalía deberá demostrar sus acusaciones y la defensa tendrá la posibilidad de controvertirlas.
Lo que sí cambia con la decisión judicial es el alcance de la investigación: por primera vez, el exgobernador enfrenta formalmente un proceso federal relacionado con una de las investigaciones más sensibles de la historia reciente del país.
Finalmente, la pregunta de fondo permanece: ¿qué autoridades supieron qué ocurrió con los estudiantes y qué hicieron —o dejaron de hacer— para esclarecer su destino?
