La difusión en redes sociales de un documento sobre un presunto incremento en la tarifa del transporte público detonó el enojo de habitantes de San Juan del Estado y comunidades cercanas, quienes acusan un aumento injustificado y sin claridad legal.
El aviso, atribuido a una mesa directiva de transportistas, señala:
“se ha aprobado un ajuste en la tarifa del servicio de transporte” con una nueva cuota máxima de 35 pesos a partir de abril.
El documento detalla que “la parada mínima será de 20 pesos”, mientras que otros tramos intermedios también sufrirían incrementos, lo que impactaría directamente a usuarios que dependen diariamente del servicio.
DUDAS SOBRE LA AUTORIZACIÓN
Uno de los principales reclamos ciudadanos gira en torno a la supuesta validación por parte de la autoridad estatal. Aunque el aviso afirma que el ajuste fue autorizado por la instancia correspondiente, no se exhibe documentación oficial que lo respalde.
Esta ambigüedad alimentó la desconfianza. En redes sociales, usuarios cuestionaron abiertamente la legitimidad del incremento:
“No veo el documento donde […] les autorizó esa tarifa”, señaló uno de los comentarios.
SERVICIO DEFICIENTE Y TARIFAS EN ASCENSO
Más allá del posible aumento, el descontento expone un problema de fondo: la calidad del servicio. Usuarios denuncian unidades en mal estado, cobros irregulares y trato inadecuado.
“Pésimo servicio”, “como si usaran premium”, son algunas de las críticas que circularon en plataformas digitales, donde también se evidenció la inconformidad por el contraste entre tarifas elevadas y condiciones deficientes.
Habitantes señalaron que antes de cualquier ajuste, las autoridades deberían garantizar estándares mínimos de seguridad, calidad y respeto.
EXIGEN INTERVENCIÓN Y REGULACIÓN
Ante la controversia, pobladores exigieron la intervención de las autoridades para frenar lo que consideran un incremento ilegal. También solicitaron revisar concesiones y sancionar a quienes incumplan con el servicio.
La presión social se centra en evitar que el aumento entre en vigor sin sustento legal, así como en abrir un diálogo que permita transparentar las decisiones en materia de transporte.
RESPUESTA OFICIAL Y POSIBLES ALTERNATIVAS
Al ser cuestionado, el gobierno estatal indicó que revisará la situación. “Voy a pedir […] que revise y hablar con la localidad”, se señaló el gobernador oaxaqueño, dejando abierta la posibilidad de implementar alternativas de transporte en la zona.
Incluso se planteó que, de ser necesario, podría evaluarse la introducción de nuevos esquemas de movilidad para atender la demanda.
ENTRE NECESIDAD Y ABUSO
El caso refleja una tensión recurrente en comunidades donde el transporte público es limitado: usuarios que dependen del servicio frente a concesionarios que fijan tarifas sin suficiente supervisión.
En resumen, la polémica no solo gira en torno al aumento, sino a la falta de regulación efectiva en un servicio esencial, donde los costos impactan directamente en la economía de trabajadores y estudiantes.
