Después de más de cuatro años de ocurrido el hecho, dos ex elementos de la policía municipal de Tlaxiaco fueron detenidos por su presunta participación en un caso de tortura registrado el 21 de marzo de 2020 en la región Mixteca de Oaxaca. Los detenidos, identificados como J.H.S. y M.A.S., fueron señalados por haber golpeado brutalmente a una persona en las calles del Barrio San Nicolás, en el municipio de Tlaxiaco.
La víctima sufrió lesiones de gravedad que ameritaron su hospitalización. Aunque los hechos ocurrieron en un contexto de aparente abuso de autoridad, fue hasta este año que la investigación derivó en órdenes de aprehensión ejecutadas por la Agencia Estatal de Investigaciones.
CUATRO AÑOS DE ESPERA PARA UNA ACCIÓN JUDICIAL
Los detenidos, ex integrantes de la corporación municipal, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica. La carpeta de investigación, elaborada por la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, permitió reunir pruebas suficientes para iniciar el proceso penal.
Sin embargo, la lentitud en la actuación del sistema de justicia oaxaqueño vuelve a poner bajo la lupa los tiempos procesales, sobre todo en casos que involucran a agentes del Estado acusados de violaciones graves a derechos humanos, como lo es la tortura.
¿VIOLENCIA SISTEMÁTICA O CASO AISLADO?
Aunque la Fiscalía del Estado asegura que busca evitar la repetición de actos de tortura en Oaxaca, este caso revive cuestionamientos sobre la actuación de cuerpos de seguridad municipales. Especialmente en comunidades donde las estructuras policiales tienen escasa supervisión y poco control civil.
El municipio de Tlaxiaco, uno de los más importantes de la región Mixteca, ha enfrentado en años recientes varias denuncias por abuso policial. Sin embargo, pocos casos llegan a judicializarse, y menos aún derivan en detenciones. Lo que genera una percepción de impunidad estructural.
GARANTIZAR JUSTICIA, NO SOLO EMITIR MENSAJES
El mensaje oficial de “garantizar la justicia a las víctimas” resulta insuficiente sin un seguimiento exhaustivo del proceso judicial. Y sin el fortalecimiento de los mecanismos de control interno dentro de las corporaciones de seguridad. Casos como este requieren de transparencia, reparación del daño y, sobre todo, garantías de no repetición, principios básicos en materia de derechos humanos.
El reto ahora será demostrar que la detención no se queda en un acto simbólico, sino que forma parte de una política real contra la violencia institucional.
El proceso penal apenas comienza, pero las preguntas de fondo ya están sobre la mesa:
¿cuántos más casos como este siguen sin justicia? ¿Qué mecanismos existen para prevenir la tortura policial en municipios como Tlaxiaco? La opinión pública y organismos de derechos humanos estarán observando.
