“Se estableció Juchitán como primer lugar de incidencia delictiva”, reconoció el fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, al confirmar que la seguridad de ese municipio del Istmo de Tehuantepec pasó a manos del Gobierno del Estado, tras detectarse vínculos de elementos policiales con actividades criminales.
En conferencia de prensa, Rodríguez Alamilla explicó que la decisión de intervenir de forma directa la seguridad municipal se tomó tras trabajos de inteligencia y diversas investigaciones que revelaron la operación de redes delictivas con apoyo desde dentro del propio cuerpo de policía.
“¿Por qué hicimos esto? Porque derivado de diferentes procesos de investigación e inteligencia, sabíamos que había algunos elementos al interior de la propia Policía Municipal que estaban siendo utilizados para favorecer actividades delincuenciales”, sostuvo.
Como parte de la estrategia, “se intervino el edificio que se tiene en Juchitán”, detalló, en referencia al Centro de Control (C-2), que ahora está bajo control del C-4, luego de descubrir que las imágenes del sistema de videovigilancia eran compartidas de forma irregular con personas no autorizadas.
“Se logró que la seguridad de Juchitán estuviera bajo la responsabilidad del Estado, de manera directa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, afirmó el fiscal, al puntualizar que más de 200 policías municipales fueron concentrados y serán sometidos a evaluaciones de control y confianza, a cargo del Centro de Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Además, las armas de la corporación se encuentran en proceso de revista por parte de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de verificar que cuenten con los permisos correspondientes.
Rodríguez Alamilla aseguró que el objetivo es claro: “la idea es hacer de la Policía Municipal un ente confiable para toda la población”, y adelantó que el proceso de evaluación y reestructuración tomará aproximadamente 60 días.
Como parte de las medidas implementadas en esta nueva fase de la Operación Sable, se desplegarán patrullajes continuos, filtros de revisión en puntos estratégicos, supervisión a establecimientos comerciales y operativos en el transporte público. Además, se están identificando polígonos de riesgo con base en inteligencia criminal, para diseñar operativos focalizados.
También subrayó que el trabajo de seguridad se realiza de forma conjunta entre la Fiscalía, la SSPC, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Sedena.
Durante la conferencia, el fiscal confirmó la detención de dos personas más, además de las cuatro previamente aprehendidas, por su presunta responsabilidad en el incendio de dos tiendas de conveniencia en Juchitán, hecho ocurrido el 16 de junio. “Próximamente, se informará sobre otras dos personas más”, adelantó.
Finalmente, Rodríguez Alamilla puntualizó que esta intervención no se limita al aspecto punitivo, sino que busca una reconstrucción del tejido social. “Estas acciones se acompañan de una atención integral a las causas, enfocadas en restaurar la paz social en la zona a favor de la población”.
