Un automovilista fue interceptado por un grupo de personas que presuntamente lo retuvo y le exigió dinero bajo la amenaza de pertenecer a una organización delictiva. En un hecho ocurrido sobre la Carretera Federal 190, en la zona de Hacienda Blanca, Valles Centrales.
Por estos acontecimientos, tres hombres identificados con las iniciales A.J.V.L., L.A.T.M. y C.E.C.H. fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés agravado y extorsión agravada.
Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2026. Cuando la víctima circulaba en un automóvil por la carretera Internacional, aproximadamente a la altura del kilómetro 6.5. Uno de los puntos de conexión vial en esa zona de los Valles Centrales.
CINCO PERSONAS HABRÍAN CERRADO EL PASO AL AUTOMOVILISTA
De acuerdo con la investigación, cinco personas que viajaban en tres motocicletas habrían interceptado el vehículo.
La indagatoria señala que tres de los individuos subieron al automóvil. Quienes se identificaron presuntamente como integrantes de un grupo delictivo. Posteriormente, habrían exigido a la víctima el pago de una cantidad de dinero bajo el concepto de “derecho de piso”.
El señalamiento resulta relevante porque no se trataría únicamente de una agresión contra una persona en tránsito. Sino de un presunto intento de extorsión mediante intimidación y una retención momentánea de la víctima.
Hasta el momento, la información oficial no precisa el monto que habría sido exigido ni establece si el pago llegó a concretarse.
DETIENEN A TRES PRESUNTOS IMPLICADOS
Después de que las autoridades tuvieron conocimiento de lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal de San Lorenzo Cacaotepec desplegaron un operativo que permitió detener a tres personas presuntamente relacionadas con el caso.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad penal.
La detención, sin embargo, no equivale por sí misma a una sentencia. Los tres señalados enfrentan el proceso bajo el principio de presunción de inocencia. Y será durante las distintas etapas judiciales cuando se determine su responsabilidad.
JUEZ IMPONE PRISIÓN PREVENTIVA
Con los datos de prueba recabados durante las investigaciones, el caso fue llevado ante un juez. Quien determinó vincular a proceso a A.J.V.L., L.A.T.M. y C.E.C.H.
La resolución contempla los delitos de secuestro exprés agravado y extorsión agravada.
Como medida cautelar se ordenó la prisión preventiva. Por lo que los tres permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso.
El juez estableció además un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que las partes podrán aportar nuevos elementos para fortalecer sus respectivas posiciones dentro del procedimiento penal.
EL “DERECHO DE PISO”, UNA AMENAZA QUE TRASCIENDE AL COMERCIO
El caso vuelve a poner sobre la mesa una de las modalidades de extorsión que más temor genera entre ciudadanos y sectores productivos: el llamado “derecho de piso”.
Aunque comúnmente se relaciona con comerciantes o empresarios obligados a entregar dinero de manera periódica, el hecho investigado en Hacienda Blanca muestra un presunto esquema dirigido contra una persona que se encontraba en tránsito.
La exigencia de dinero acompañada de amenazas y una supuesta pertenencia a un grupo criminal constituye un mecanismo de intimidación cuyo impacto no se limita a la pérdida económica. También genera temor entre quienes utilizan diariamente las carreteras y caminos de la entidad.
La investigación deberá establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, cuál habría sido la participación de cada uno de los detenidos y si existen otros involucrados.
INVESTIGACIÓN DEBERÁ ACLARAR TODA LA MECÁNICA DEL DELITO
Con la vinculación a proceso comienza una nueva etapa del procedimiento. Los tres imputados permanecerán sujetos a la medida cautelar determinada por el juez mientras continúan las diligencias.
El plazo de tres meses permitirá profundizar en aspectos que todavía no han sido esclarecidos públicamente. Entre ellos la identidad y participación de las otras dos personas que, según la investigación, habrían intervenido en la intercepción utilizando motocicletas.
También será necesario determinar si el presunto cobro de “derecho de piso” correspondía a un hecho aislado o formaba parte de una dinámica de extorsión más amplia.
Por ahora, la acusación se mantiene en el terreno de la probable responsabilidad. La resolución definitiva dependerá de las pruebas que sean presentadas y valoradas durante el proceso judicial.
