Una denuncia ciudadana por un grupo de personas que presuntamente escandalizaba y bloqueaba el acceso a una gasolinera terminó con la detención de un hombre que portaba dos armas de fuego, cuatro cargadores y 51 cartuchos, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El caso concluyó con una sentencia de cinco años, cinco meses y 10 días de prisión contra Alejandro “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores reservados para las instituciones armadas.
Además de la pena de cárcel, un juez impuso al acusado una multa de 12 mil 319 pesos con 80 centavos.
UNA DENUNCIA POR ESCÁNDALO DESTAPÓ LA PORTACIÓN DE ARMAS
Los hechos comenzaron a partir de un reporte ciudadano. De acuerdo con la investigación, varias personas se encontraban en una gasolinera provocando disturbios y obstruyendo el acceso al establecimiento.
Ante la denuncia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender la situación.
Durante la intervención localizaron a Alejandro “N”, a quien le aseguraron dos pistolas, cuatro cargadores metálicos y 51 cartuchos útiles.
El detenido no contaba con el permiso correspondiente para portar el armamento, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
EL ARMAMENTO ACTIVÓ LA INVESTIGACIÓN FEDERAL
A partir del aseguramiento, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró la investigación y presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba considerados suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
El caso llegó a una audiencia de procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual se resolvió la situación jurídica de Alejandro “N” y se dictó la sentencia condenatoria.
La resolución establece una pena superior a cinco años de prisión, además de la sanción económica correspondiente.
NO TENÍA PERMISO PARA PORTAR LAS ARMAS
Uno de los elementos centrales del caso fue que el ahora sentenciado no contaba con autorización para portar el armamento asegurado.
La legislación federal establece restricciones específicas para la posesión y portación de armas, cargadores y municiones consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En este caso, las autoridades federales determinaron que el material asegurado encuadraba en los delitos por los cuales Alejandro “N” finalmente recibió la condena.
LA DENUNCIA CIUDADANA, CLAVE EN EL CASO
Más allá del resultado judicial, el expediente muestra cómo una denuncia relacionada inicialmente con un problema de conducta en un espacio público derivó en el descubrimiento de armamento cuya portación no estaba autorizada.
El caso también deja en evidencia la importancia de que las autoridades determinen, mediante investigación y pruebas, las circunstancias en que se encuentran armas de fuego en poder de particulares y el posible riesgo que representan para terceros.
La FGR señaló que continuará con las investigaciones y persecución de los delitos de competencia federal.
