Un viaje por la carretera federal 135 se convirtió en un episodio de secuestro cuando un grupo de hombres armados interceptó un vehículo, despojó de la unidad a sus ocupantes y se llevó por la fuerza a una de las personas que viajaban en ella.
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, en el tramo de Nochixtlán, antes de llegar al crucero de Yucudaá. De acuerdo con la investigación, los agresores utilizaron otro vehículo para cerrar el paso y obligar a detenerse a las víctimas.
Tras apoderarse del automóvil, los hombres armados privaron de la libertad a uno de sus ocupantes. Luego, exigieron a su acompañante reunir un millón de pesos a cambio de permitir su liberación.
Más de tres años después del hecho, uno de los presuntos involucrados fue detenido y llevado ante un juez. Quien determinó sujetarlo a proceso por el delito de secuestro.
UN RETÉN QUE TERMINÓ EN SECUESTRO
La investigación establece que las víctimas circulaban por la carretera federal cuando otro vehículo les cerró el paso.
Del automóvil descendieron varios hombres armados. Quienes tomaron el control de la situación y despojaron a las personas de la unidad en la que viajaban.
El episodio no terminó con el robo del vehículo. Los agresores eligieron a una de las personas para llevársela contra su voluntad y utilizar su libertad como mecanismo de presión para obtener dinero.
A la otra víctima le exigieron conseguir un millón de pesos para recuperar a su acompañante.
El caso pasó entonces de un hecho de violencia en carretera a una investigación por secuestro, con una víctima privada de su libertad y una exigencia económica de por medio.
LA VÍCTIMA FUE LOCALIZADA Y LIBERADA
Tras conocerse el secuestro, se inició una investigación que permitió seguir el rastro del vehículo utilizado en los hechos y obtener información sobre el posible lugar donde se encontraba la víctima.
Las diligencias permitieron finalmente localizar y liberar a la persona secuestrada.
El rescate se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, pues a partir de los datos obtenidos se continuó con la identificación de quienes presuntamente participaron en el delito.
TRES AÑOS DESPUÉS, LLEGA LA DETENCIÓN
La investigación no concluyó con la liberación de la víctima.
Las autoridades continuaron reuniendo información hasta obtener los datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión contra C.N.G.S.
Una vez concedida por un juez, agentes investigadores ejecutaron el mandato y detuvieron al señalado.
La captura representa un avance en un expediente iniciado en 2023, aunque todavía será necesario que durante el proceso se determine la responsabilidad penal del imputado.
JUEZ ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA
Durante la audiencia, la autoridad judicial analizó los elementos presentados por la representación social. Luego, determinó vincular a proceso a C.N.G.S. por el delito de secuestro.
Como medida cautelar se impuso prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso.
El juez también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán continuar aportando elementos relacionados con el caso.
La vinculación a proceso no significa que el imputado haya sido declarado culpable. Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando se determine si existen elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal.
EL CASO TODAVÍA NO ESTÁ CERRADO
Aunque una persona ya fue vinculada a proceso, la investigación continúa abierta.
Los tres meses concedidos para el cierre de la investigación permitirán profundizar en las circunstancias del secuestro, determinar el grado de participación que presuntamente tuvo el imputado y establecer, en su caso, si existen otras personas relacionadas con los hechos.
La víctima fue localizada y liberada, pero el expediente aún deberá recorrer las siguientes etapas judiciales antes de que exista una resolución definitiva.
Finalmente, el caso deja una historia que comenzó con una emboscada en carretera, continuó con una exigencia de un millón de pesos y llega, tres años después, a los tribunales con uno de los presuntos implicados bajo prisión preventiva.
