El atropellamiento intencional de un perro en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ocurrido el pasado sábado 17 de mayo, ha derivado en algo más que una indignación colectiva por el maltrato animal: ha puesto en evidencia posibles irregularidades y complicidades entre líderes del transporte local y funcionarios de instituciones estatales como la Secretaría de Movilidad de Oaxaca (SEMOVI) y la Policía Vial Estatal.
El incidente, registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, muestra al taxi con número económico 01-439 del “Sitio San Jerónimo” embistiendo a un perro en la vía pública, luego, rematándolo pasando la llanta delantera en su cabeza, causando su muerte inmediata. La grabación provocó una fuerte reacción ciudadana, forzando a SEMOVI a emitir un comunicado en el que anunciaba la apertura de un expediente para determinar sanciones conforme a la Ley de Movilidad del Estado.
Unidad sin registro oficial
Sin embargo, en una reunión de la mesa de seguridad realizada días después del hecho, se dio a conocer información que complica aún más el caso. Según el delegado de la Policía Vial Estatal en Ixtepec, Alberto Cruz López, la unidad implicada en el atropellamiento no cuenta con registro ante SEMOVI ni aparece en los archivos oficiales de la corporación. Lo que indica que se trata de un taxi operando de manera irregular o “pirata”.
La situación generó cuestionamientos sobre la existencia de vehículos sin concesión circulando en la región y la posible protección institucional a estas unidades. De acuerdo con fuentes locales, el vehículo involucrado pertenece a Raúl López, tesorero del “Sitio San Jerónimo” y padre de Gabriela López Olivera, exalcaldesa de Ciudad Ixtepec. A su vez, López Olivera tiene vínculos personales con la actual titular de SEMOVI, Yesenia Nolasco Ramírez, a quien se señala como amiga cercana y comadre.
Presuntos beneficios y relaciones políticas
La presunta red de protección no se limita a ese vínculo. Según diversas fuentes consultadas, José Martín Guzmán López, conocido como “Lorivuelto” y líder vitalicio del sitio de taxis, también mantiene una relación cercana con la titular de SEMOVI. En este contexto, se señala que al menos 40 unidades sin concesión oficial operan en la zona, muchas de ellas repartidas entre miembros del “Sitio San Jerónimo”.
La operación de estos taxis “pirata” no sólo implicaría violaciones a la Ley de Movilidad, sino también una presunta red de sobornos. De acuerdo con versiones recogidas durante la mesa de seguridad, el delegado de la Policía Vial Estatal, Alberto Cruz López, sería uno de los principales beneficiarios, al presuntamente recibir cuotas de 200 pesos diarios por cada unidad irregular, lo que representaría ingresos cercanos a los 240 mil pesos mensuales.
Declaraciones oficiales sin impacto efectivo
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se ha registrado ninguna sanción concreta contra el conductor del taxi involucrado ni contra los propietarios de la unidad. Tampoco se ha informado sobre acciones específicas contra las unidades sin concesión que circulan en Ixtepec.
Mientras tanto, la SEMOVI mantiene su postura oficial de que se están realizando investigaciones para determinar las sanciones correspondientes. Aunque los vínculos familiares y políticos entre autoridades y líderes del transporte generan escepticismo sobre la imparcialidad del proceso.
Demanda ciudadana por justicia y transparencia
El caso ha sido ampliamente discutido en redes sociales, donde usuarios exigen no sólo justicia por el acto de crueldad contra el animal, sino también una investigación profunda sobre la presunta red de corrupción que permite la operación de taxis sin concesión en la región. Organizaciones animalistas, así como colectivos ciudadanos, han convocado a manifestaciones y acciones legales en los próximos días.
Finalmente, el caso del taxi 01-439 trasciende el maltrato animal y se convierte en un símbolo de los desafíos estructurales en la regulación del transporte público en Oaxaca. En un contexto donde se cruzan intereses políticos, relaciones personales y omisiones institucionales, la ciudadanía observa con atención si las autoridades actuarán conforme a la ley o si, una vez más, prevalecerá la impunidad.
