La impunidad en el asesinato de periodistas en Oaxaca, como ocurrió en la Costa, anima a los enemigos de la libertad de expresión a cometer más crímenes, tantos que la Defensoría de Derechos Humanos ha registrado 53 agravios entre enero y mayo de este año. Sólo hay un policía detenido como autor material del asesinato del corresponsal del Diario Noticias, en la región de la Costa Chica. Sobre los autores intelectuales, ninguna autoridad quiere investigar.
El pasado día siete, los colegas de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) entre los festejos del 39 aniversario de su fundación, dispusieron una mesa en la que algunos de los comunicadores que han sufrido agresiones, expusieron sus experiencias.
Dramáticos relatos preñados de impunidad que alimentan desde las instancias de poder.
El 20 de noviembre de 2012, el director de la revista Ruta 135, Fernando Palacios Cházares, fue agredido por policías municipales al mando del entonces presidente de Eloxochitlán, Manuel Zepeda Cortez. La agresión ocurrió cuando daba cobertura a la agresión que los mismos uniformados ejercían contra 37 indígenas mazatecos para impedir que salieran a la ciudad de México a rendir homenaje a Ricardo Flores Magón y protestar contra abusos del citado edil.
El colega sufrió fractura del cráneo por tantos culatazos. La historia truculenta debe mover la conciencia y hacer de la unidad de los periodistas un objetivo común.
La furia de los agresores fue porque la presencia del comunicador les impidió agredir impunemente a los manifestantes que ya había bajado de su autobús que los trasladaría a la ciudad de México. Se le fueron encima al periodista y lo golpearon hasta darlo por muerto por órdenes directas del entonces edil de Eloxochitlán.
“Mátenlo de una vez”, alcanzó a escuchar el periodista antes de perder el conocimiento. Entre los acusados de este intento de asesinato figuran los hermanos del exedil, Vicente y Venancio Zepeda, su hijo Manuel Zepeda Lagunes, su sobrino Gamaliel Zepeda, su yerno Marco David Tello Delgado y el regidor Genaro Romero.
Varios de los acusados son maestros de la Sección 22, entre ellos el exedil ya mencionado y el exsíndico Eleazar Bravo Fuentes. Seis de ellos fueron denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El periodista agredido nos comenta que no obstante esta fiscalía realizara un eficiente trabajo de investigación y peritaje, con lo cual se libró la orden de aprehensión el 31 de agosto de ese mismo año 2013, nadie fue detenido. Se impuso el poder del senador chilango Robles lo cual dio oportunidad a los seis acusados para pedir amparos y se prolongara el juicio.
El agredido sostiene dos razones por las que se deja en libertad a esos seis delincuentes: la orden de la Secretaría de Gobernación federal en conjunción con el gobierno de Gabino Cué, de no detener a profesores de la sección 22 “hagan lo que hagan”; y la segunda es la ligazón entre estos políticos-profesores proclives al PRD y al hoy senador chilango Benjamín Robles Montoya a quien han apoyado en sus sucesivas campañas electorales en esa zona.
En la charla entre periodistas, quedó claro que este es un caso más de agresión impune contra un periodista fomentado y solapado desde el poder. Es el caso (hay que remarcarlo) de Benjamín Robles Montoya con su influencia malévola para dar impunidad a los agresores. Antepuso sus compromisos políticos con los sicarios del Cártel 22, a la defensa de la libre expresión.
No hay que olvidar que entonces, el hoy legislador actuaba como vicegobernador de facto, al lado de Gabino. Era el funcionario más influyente. El expediente fue archivado y Cházares, por seguridad propia y de su familia, ya no insistió.
Caso Citlali
La agresión a la fotorreportera Citlali Cid es otro de los casos grotescos pero emblemáticos de lo que son capaces los grupos e individuos decididos a acallar a la prensa.
Citlali condenó el atrevimiento de las “maistras” golpeadores del cártel 22 que en septiembre del año pasado la agredieron físicamente pese a su embarazo de 7 meses. Le robaron su cámara, la amenazaron y la secuestraron varias horas para impedir que cumpliera con su labor fotográfica.
Después de la brutal agresión, la llamaron funcionarios de gobierno, de la procuraduría de justicia, de derechos humanos. Un gran montaje, un show mediático para simular “preocupación” por la agresión de un grupo de “maistras” contra una periodista. Al final las complicidades se impusieron y la justicia brilló por su ausencia.
Está también el caso de la colega Maricruz Martínez reportera en Pinotepa Nacional y otras poblaciones de la Costa. Librado Baños Rodríguez, dueño de una de las organizaciones rémora del cártel 22, la agredió y secuestró por criticar los abusos de su organización Uciobac con la que constantemente presiona con bloqueo de calles, cierre de carreteras y secuestro de funcionarios y oficinas públicas. Todo para que el gobierno le entregue dinero público que nadie sabe a la bolsa de quien va a parar.
Lo grave es que esta ignominiosa espiral sigue creciendo. Varios compañeros reporteros han sido agredidos, robados, insultados y hasta fichados por las huestes del cártel 22. Los “maistros” se enfurecienron cuando los reporteros los grabaron y fotografiaron saqueando las gasolineras. Después vino otra acometida más bestial durante la toma de la macro plaza. Porros al servicio de los hermanos Luis, del sindicato Libertad y la CNP que controlan taxis, mototaxis, camiones materiales, le robaron hasta su cámara a un reportero del Diario Marca. Lo Golpearon y amenazaron de muerte.
Esto es lo más reciente y aunque hay denuncia penal y hasta fotografías de los golpeadores responsables de la agresión contra los periodistas, hay duda de que se aplique la ley porque ?saben quién los protege? El mismo Robles Montoya, declarado enemigo número uno de los periodistas.
Plausible
En medio de este maremágnum que amenaza la libertad de expresión, resulta plausible el anuncio que hizo el pasado día siete el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, durante el desayuno que su gobierno ofreció a los comunicadores: la creación de una fiscalía especializada para atender agresiones a los periodistas.
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