Con una exigencia directa a las autoridades ambientales, comunidades zapotecas de los Valles Centrales llegaron este lunes al Zócalo de Oaxaca para rechazar una nueva ampliación del proyecto minero San José, operado por la Compañía Minera Cuzcatlán.
Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos señalaron que la empresa pretende ampliar nuevamente su infraestructura mediante un proyecto denominado Conformación del Depósito de Jales Secos, cuya Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, se encuentra bajo análisis de la autoridad ambiental.
La postura de las comunidades es tajante: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe negar la autorización.
“No más ampliaciones al proyecto minero ‘San José’”, plantearon, al advertir que el nuevo depósito permitiría incrementar la capacidad para almacenar residuos derivados de la actividad extractiva.
ACUSAN 17 AÑOS DE EXPANSIÓN MINERA
Las comunidades sostienen que la nueva solicitud no representa un proyecto aislado, sino una nueva etapa de un proceso de expansión que, aseguran, comenzó hace 17 años.
Según el posicionamiento presentado por el Frente, la empresa busca integrar autorizaciones y modificaciones realizadas entre 2015 y 2021, además de regularizar obras que las comunidades consideran irregulares y avanzar hacia una cuarta ampliación del depósito de jales.
Para los opositores, el punto más delicado es precisamente la infraestructura destinada al almacenamiento de residuos mineros.
“Ampliar esta infraestructura significa aumentar el volumen de residuos tóxicos confinados en un territorio que ya ha sufrido derrames repetidos”, señalaron.
Las comunidades cuestionan que se autoricen nuevas obras sin que, desde su perspectiva, hayan sido resueltos los impactos acumulados durante los años de operación.
DENUNCIAN DERRAMES Y PRESENCIA DE METALES
El Frente presentó como parte de sus argumentos diversos expedientes y estudios oficiales que, afirma, documentan problemas relacionados con la operación de la mina.
Entre las evidencias mencionadas se encuentran 73 obras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habría identificado como irregulares entre 2009 y 2018, además de dos negativas emitidas anteriormente por Semarnat a solicitudes relacionadas con el proyecto San José.
También señalaron tres episodios de derrames o afectaciones relacionados con la presa de jales y el arroyo El Coyote.
El primero habría ocurrido en octubre de 2018. De acuerdo con el posicionamiento, la propia Profepa confirmó el incidente y detectó concentraciones de metales pesados por encima de los límites establecidos, incluido hierro hasta 18 veces por encima de la norma referida por las comunidades.
Los otros eventos señalados corresponden a julio de 2020 y septiembre de 2024, este último relacionado, según el Frente, con sedimentos blanquecinos y espuma que habrían alcanzado zonas cercanas a fuentes de abastecimiento de agua de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa.
Las comunidades también citaron estudios de la Comisión Nacional del Agua realizados entre 2018 y 2020, en los que, según su interpretación, se detectaron niveles elevados de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo en el sistema hídrico cercano a la mina.
Estos señalamientos forman parte de los argumentos que las comunidades entregaron a la autoridad ambiental y deberán ser contrastados con los expedientes técnicos y las evaluaciones oficiales correspondientes.
“SIN CONSENTIMIENTO NO HAY PROYECTO”
Otro de los principales argumentos del Frente es la falta de consentimiento comunitario.
Las autoridades comunitarias, agrarias y municipales aseguran que desde 2009 no han otorgado su consentimiento para nuevas actividades de exploración o explotación minera en sus territorios.
Afirman que esta posición se encuentra respaldada por 14 declaratorias comunitarias de territorio prohibido para la minería, emitidas mediante sus propias asambleas.
Para las comunidades, una nueva autorización implicaría prolongar una actividad que consideran incompatible con su derecho a decidir sobre el territorio.
El conflicto involucra a poblaciones como Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam y San Dionisio Ocotepec.
EL AGUA, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO
La oposición al proyecto tiene como uno de sus principales ejes la protección del agua.
Las comunidades sostienen que sus actividades agrícolas, su vida cotidiana y su permanencia en el territorio dependen directamente de los sistemas hídricos de la región.
Por ello, consideran que aumentar la capacidad del depósito de jales representa un riesgo que no puede evaluarse únicamente como una obra de infraestructura.
“El agua, el territorio y la vida de los Valles Centrales de Oaxaca no están en venta ni en negociación”, advirtieron.
La frase resume el núcleo de un conflicto que lleva años enfrentando a comunidades de la región con la actividad minera: mientras la empresa busca mantener y ampliar su operación, los opositores exigen que las decisiones ambientales incorporen sus derechos colectivos y su participación en las determinaciones que afectan sus territorios.
PIDEN UNA AUDIENCIA DIRECTA CON SEMARNAT
Las comunidades informaron que ya solicitaron formalmente a Semarnat el rechazo de la nueva Manifestación de Impacto Ambiental y una mesa de trabajo con la titular de la dependencia.
Sin embargo, aclararon que no buscan únicamente abrir otro procedimiento administrativo.
Exigen conocer cuál es la situación real del proyecto, qué autorizaciones continúan vigentes y cuáles son los procedimientos que actualmente se encuentran en trámite.
También demandan que cualquier diálogo sea transparente y se desarrolle de buena fe.
La exigencia llega en un momento particularmente sensible para el proyecto San José, debido a que la eventual autorización de un nuevo depósito de jales podría prolongar y ampliar la infraestructura asociada a la actividad minera.
EL CONFLICTO SIGUE ABIERTO
La movilización de este lunes deja claro que el conflicto entre las comunidades zapotecas y la actividad minera está lejos de resolverse.
Por un lado, las comunidades sostienen que existen antecedentes suficientes para impedir una nueva ampliación y reclaman que se respete su derecho a decidir sobre sus territorios.
Por otro, la autorización de la nueva obra dependerá del procedimiento ambiental y de la evaluación que realice la autoridad competente sobre la Manifestación de Impacto Ambiental.
El punto de mayor tensión será determinar si los antecedentes ambientales denunciados por las comunidades son suficientes para impedir la expansión solicitada y cómo se incorporará el consentimiento comunitario en una decisión que puede tener efectos sobre agua, territorio y actividades productivas.
Mientras esa decisión llega, las comunidades mantienen una postura que no deja margen a interpretaciones:
“Sin consentimiento no hay proyecto”.
