Es una pregunta que a menudo se hace el pueblo oaxaqueño, a raíz del brutal crecimiento en las estadísticas de homicidios dolosos en al menos cuatro regiones del estado: la Cuenca del Papaloapan, el Istmo, la Costa y los Valles Centrales. Ya es común en nuestras páginas de la Sección Policíaca, encontrar datos sobre ejecuciones y asesinatos. Simplemente de viernes primero para sábado dos de septiembre, los vecinos de la Colonia del Maestro reportaron una balacera en la madrugada. En efecto, cuatro personas del sexo masculino fueron ejecutadas al interior de un vehículo de modelo reciente. Unos días antes, en los rumbos de Santa María Atzompa, dos operadores de moto-taxis fueron acribillados mientras se encontraban ingiriendo unas cervezas. Dos más fueron lesionados y uno más fue ultimado cuando salía del velorio de los primeros. Sin duda pues, algo está pasando en Oaxaca y nadie en la estructura de gobierno, lo quiere reconocer. Los cárteles de la droga y grupos criminales de otras partes del país, han venido a sentar sus reales en nuestro estado. La ingobernabilidad y las constantes amenazas a la paz social que han incubado los maestros y otras organizaciones sociales, han hecho el caldo de cultivo para la entrada de organizaciones delictivas.
Lo que más ha ofendido a la ciudadanía, sin embargo, es que hasta la fecha no haya trascendido algo relevante respecto a los operativos o acciones de las dependencias responsables de la seguridad pública, para cumplir con su misión. La Policía Estatal –se sabe- tiene instrucciones de no intervenir en conatos de violencia o acciones tumultuarias, pero tampoco lo hace cuando se pone en peligro la vida o integridad física incluso del mismo ejecutivo estatal. Se habla a menudo de que en Oaxaca permea la ingobernabilidad y se atribuye a la Secretaría General de Gobierno. Lo que no se dice es que dicha dependencia no cuenta con el apoyo ni de la Secretaría de Seguridad Pública ni mucho menos, de la Policía Estatal. ¿Entonces a quién habrá que responsabilizar de este clima de violencia e inseguridad que prevalece en nuestro estado? Al ciudadano de a pie, que vive con el Jesús en la boca en su colonia o municipio, no le importan justificaciones como el hecho de que la violencia se ha generalizado en el país o de que estamos mejor que otros estados. Le interesa ver rondines, operativos y acciones contundentes en contra de los criminales y no levantar o sancionar a borrachos que fueron sorprendidos en el alcoholímetro.
Dependencias en la indigencia
¿Cómo puede un gobierno consolidar sus proyectos, sus acciones y ejes si carece de lo más elemental para ponerlo en marcha; si arrastra déficit financieros; si no tiene en pocas palabras los recursos necesarios para operar una administración de cara a la sociedad? Lo anterior viene a colación por las declaraciones que hiciera la semana anterior el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, al afirmar que en la dependencia de la que es responsable no hay ni papel, gasolina, viáticos, los recursos necesarios para poder operar. Resulta un insulto al sentido común que las carpetas de investigación tengan que elaborarse en negocios de renta de computadoras y copias. El catálogo y la agenda de temas que tiene la Fiscalía Estatal son inherentes a la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Investigar y resolver homicidios, feminicidios, secuestros y un sinfín de ilícitos, no puede hacerse esperando que la Providencia venga a realizarlo, sino con recursos del Estado y de nuestros impuestos, el Congreso del Estado debe asignar a cada dependencia las partidas presupuestales necesarias para cumplir de manera óptima con su responsabilidad. Nadie duda que el gobierno de Alejandro Murat recibió una administración pública desfondada y un estado devastado política, social y económicamente. Pero estamos en camino a cumplir el primer año y esa situación debió haberse superado.
El caso de la Fiscalía General, ha trascendido, no es el único. Hay dependencias en donde los empleados no reciben su paga de manera quincenal; hay demasiados pasivos; hay pobreza administrativa. Hace algunas semanas, un alto funcionario comentaba que de su bolsa tenía que sacar recursos para las giras de trabajo y pagarle a sus cercanos, pues el presupuesto para viáticos y gasolina estaba en ceros. En estos días cuando las comisiones respectivas del Congreso del Estado empiezan a analizar los Programas Operativos Anuales (POA) de cada dependencia, deben obrar con cautela y buen juicio. No se trata de asignar presupuestos sólo por hacerlo, sino de ponderar las responsabilidades que cada una tiene asignadas y la importancia de que los recursos económicos no sean un obstáculo para su realización. Nada se les podrá exigir pues a los funcionarios que tiene a su cargo tareas tan importantes como las que lleva a cabo la Fiscalía General, si no se cuenta con los elementos indispensables para realizarlas.
