Uno de los temas que abordamos con cierta recurrencia en este espacio editorial, es la forma tan superficial en la que los gobernantes ven la vigencia de la ley en el ejercicio de gobierno. Empeñados en insistir una y otra vez en la libertad de expresión y derechos civiles de grupos, pierden de vista los de las mayorías, a menudo sojuzgadas por maestros, normalistas, sindicatos, transportistas y organizaciones sociales. Todo se remite a mesas de diálogo y demasiada flexibilidad para unos y dureza para otros. El martes 23 de mayo, un grupo reducido de normalistas intentó penetrar de manera ilícita a la bodega del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Su objetivo era el saqueo de materiales. Un día antes penetraron a las oficinas administrativas de dicha dependencia e hicieron destrozos. Sin embargo, luego del fracasado saqueo, un sujeto, presunto estudiante de algunas de las normales que operan en el estado, fue detenido.
La respuesta de sus cómplices no se hizo esperar. Secuestraron un autobús del servicio urbano que los llevó hasta el Zócalo, en donde pretendieron incendiarlo. Llegó la Policía Estatal y los replegó después de los disturbios. El jueves, luego de una marcha en la que sus compañeros del Centro Regional de Educación Urbana de Oaxaca (CRENO), victimizaron a su compañero como “preso político”, circuló un boletín en el que se informó que el detenido había sido liberado para que llevara su proceso en libertad. Es decir, si no existe dureza para aplicar la ley, que el gobierno evite verse en ridículo con actitudes como las que apuntamos aquí: detener a un presunto delincuente, disfrazado de estudiante de normales, para luego liberarlo sin más. Es una forma pueril de ver lo que significa la vigencia de la ley y la urgencia en Oaxaca de mantener el Estado de Derecho.
A menudo se escucha que nadie está por encima de la ley y que todos tienen que medirse con el mismo rasero. Sin embargo, con maestros y normalistas la impunidad es abierta y cínica. Se les permiten excesos y atropellos a los derechos humanos de una ciudadanía que es ajena a sus exigencias o diferencias. Hay un temor cerval para aplicarles la ley y, como el anterior gobernador, Alejandro Murat, quien reconocía que no querría incurrir en otro 2006 o en casos como el de Nochixtlán, del 19 de junio de 2016. Ello implica que, dichos sectores pueden hacer lo que les plazca y que la población siga lamiendo la coyunda.
Organizaciones tras el embute
Muchos aplaudimos la idea del gobierno de Salomón Jara de acabar con la mendicidad de más de 300 organizaciones sociales, muchas de ellas simples membretes que, en el pasado, vivieron de la presión y el chantaje al gobierno para recibir dádivas millonarias. La mayoría de dichas organizaciones parasitarias ya tenían asignado su techo presupuestal y cada que querían más, simplemente cerraban carreteras o venían a la capital a cerrar oficinas, cruceros y calles. Era tal el flujo de recursos públicos que, inclusive, había funcionarios que les daban cuerda a los líderes para que presionaran y de los recursos obtenidos había para todos. Esa complicidad llegó a hacer de la pervertida “lucha social” y de sus organizaciones la industria más rentable en Oaxaca. Hasta el día de hoy, crear una organización con veinte o treinta personas, darle un membrete, siglas y empezar a moverse en el chantaje, resulta ser el negocio más rentable.
Sin embargo, dicha política de reducir el universo de organizaciones vividoras del erario, como lo planteó la Secretaría de Gobierno, cuyo titular, José de Jesús Romero López proviene justamente de esa cultura, parece no haber funcionado. La presión de las mismas cada semana se exacerba. La semana anterior fue el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) que, con la bandera de exigir justicia por uno de sus militantes asesinados hace años, realizó su marcha el 15 de mayo, en paralelo con la que llevaron a cabo los maestros del Cártel 22, para decir “aquí estoy” y con demandas claras de seguirle sacando dinero al gobierno. El jueves 25 fue Antorcha Campesina, una de las más favorecidas en el pasado gobierno, haciendo alarde de fuerza, con una cadena humana en el Centro Histórico.
A nadie engañan sus dirigentes y parásitos de la llamada lucha social. Se exhiben como víctimas de segregación y falta de apoyos, pese a que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una y otra vez, que los intermediarios se acabaron. Los recursos deben ser entregados de manera directa a los beneficiarios. No a dirigentes de determinados membretes. Ojalá pues que el gobierno de Salomón Jara vaya acotando a dichas organizaciones parasitarias y vividoras del erario oficial. Y empezar a leerles la cartilla a quienes insisten en volver a los cartabones del pasado con sus marchas, bloqueos carreteros o toma de casetas.
