En este espacio editorial siempre hemos deplorado de los “acuerdos de paz”, con los que a veces se pretende paliar viejos diferendos agrarios, algunos de ellos con décadas de vigencia. No es la primera vez que las autoridades municipales, estatales, comisariados de bienes comunales y otros, se toman la foto para dar a entender que todo está bien. Caras sonrientes y dándose la mano en son de paz. Nos referimos al reciente acuerdo entre Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila, en donde fue testigo de honor el gobernador Alejandro Murat y el principal promotor, el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud. Al día siguiente de dicho acuerdo, pobladores de Yaitepec recrudecieron las hostilidades y de nueva cuenta bloquearon la carretera que conduce a la cabecera: Juquila. En el diferendo se empalman intereses políticos y económicos, particularmente el sitio religioso conocido como “El Pedimento”, que genera cada año, por concepto de limosnas, entre 6 y 10 millones de pesos. No se descarta pues ahí, la presencia de ministros de culto moviendo las aguas para quitarle a Juquila el manejo de dicho sitio.
El asunto, sin embargo, se está convirtiendo en una bola de nieve ante la inexistencia o incapacidad de operadores políticos en la administración de Alejandro Murat. Se trata de la retención ilegal del Comisionado de la Policía Estatal y sus jefes más cercanos, el pasado lunes en Juquila y el asesinato del asesor de Yaitepec, Jonás González Ayuso, la tarde del mismo día, junto con otra persona, en Santa Cruz Xoxocotlán. Es importante subrayar que, como lo han compartido algunos ciudadanos en las redes sociales, es un asunto de eminente jurisdicción estatal. El gobierno debe utilizar sus mejores cartas para darle una solución definitiva al asunto, cuidando en todo momento que no haya pérdida de vidas humanas. El arte del buen gobierno se cifra en la habilidad de quienes tienen a su cargo el timón de mando, para despresurizar o atenuar las hostilidades, buscando que las parte en conflicto queden lo más satisfechas posibles. Pero ante todo, debe privilegiarse el Derecho y la ley. Quien tenga la razón jurídica de la propiedad de las tierras en cuestión, debe mostrar los instrumentos obligados. Pero ya basta de violencia y chantaje, traducido en bloqueos, que han desestabilizado por completo la tranquilidad y la paz social de dicha región.
Grupos de presión impunes
Su aparición se da de cuando en cuando, sobre todo en temporadas en las que habrá flujo de recursos estatales para ciertos programas. Nos referimos a un membrete denominado “Sol Rojo”, liderado por un tal Javier Aluz Mancera. Quienes conocen la breve existencia de dicho membrete, como muchos que existen en la entidad y que sobreviven de la limosna gubernamental, éste parece ser una escisión del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). La presencia de la referida organización ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Alejandro Murat, sin embargo, se advierte que algunas manos que pretenden desestabilizar su administración la mueven a placer, sin que nadie detenga sus atropellos y abusos. El lunes pasado, los miembros de “Sol Rojo” realizaron una marcha de las oficinas alternas de la Fiscalía General del Estado en La Experimental hacia el zócalo de la capital. Antes de salir, vandalizaron las paredes y ventanas del citado edificio, generando destrozos. Ese mismo día, para fastidiar al ya de por sí golpeado comercio formal del Centro Histórico, se plantaron en las calles del mismo, agudizando los malos olores y podredumbre. La demanda –dijo su dirigente- es la libertad de una persona de su organización.
La escalada de abusos y atropellos siguió el pasado martes, luego del secuestro de autobuses del servicio urbano y ubicarlos en los principales cruceros del mismo Centro de la ciudad. La ciudadanía que vive, trabaja o circula por las calles de Independencia, Hidalgo, Tinoco y Palacios, Crespo y J. P. García, fue sorprendida por los bloqueos que realizaron unos cuantos sujetos en su afán de intimidar a los funcionarios de los Servicios de Salud en el estado. Suponemos que se trató de alguna demanda que tenía que ver con la dependencia afectada. Lo que el gobierno actual no acaba de entender es que más allá del sobado respeto a la libre expresión, Oaxaca requiere para su desarrollo y crecimiento, orden y legalidad. No es posible que sigamos a merced de organizaciones, grupos y dirigentes que con absoluta impunidad nos imponen la ley del bloqueo. Los oaxaqueños estamos hartos de la pasividad, complacencia o connivencia con dichos grupos de presión. De manera reiterada los comerciantes establecidos en el Centro Histórico demandan un marco legal que les garantice realizar sus actividades de manera normal. La economía oaxaqueña está por los suelos.
