Ante el incremento de feminicidios, es necesaria una mayor coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que redoblen esfuerzos y lleven a cabo una campaña de concientización para erradicar la violencia. Además, que la sociedad oaxaqueña se acerque a las autoridades y denuncien cualquier tipo de agresión, para que se sancione este tipo de conductas y sirvan de ejemplo para que no se sigan cometiendo estos delitos.
En México existen 25 Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretadas por la Secretaría de Gobernación y si bien dicha herramienta es un mecanismo incómodo y lo han buscado desaparecer, es un elemento fundamental para atender las violencias graves que vive el país en materia de violencia contra las mujeres, por lo que luego de la reforma, las autoridades federales y estatales tienen la oportunidad de aplicar el Mecanismo con la nueva reforma, que puede contribuir de manera significativa a disminuir la violencia feminicida.
Es necesario mencionar que la reforma obliga a que los estados tengan programas estratégicos para la implementación de las medidas urgentes para atender la violencia contra las mujeres, dichos programas deben contar con el presupuesto y un tiempo de cumplimiento, por lo que a corto plazo se podrá ya evaluar de manera objetiva los resultados para poder identificar qué gobiernos estatales, gobiernos municipales, fiscalías, poderes ejecutivos, poderes judiciales y poderes legislativos, están comprometidos con la erradicación de la violencia feminicida.
En este escenario, es urgente concientizarnos y mirar el problema a partir del significado que tienen las maneras en que las mujeres son sometidas para dominarlas, los actos crueles con los que son violentadas y asesinadas: golpes, quemaduras, estrangulamientos, asfixias, ahorcamientos, cortaduras, impactos de armas de fuego, y una diversidad de métodos de extrema brutalidad.
Desaparición forzada
Las desapariciones forzadas es un grave problema institucional de violencia exacerbada y de impunidad alarmante que lastima a la sociedad en su conjunto, basta observar el dolor de las víctimas colaterales para que se genere un sentimiento de impotencia e incredulidad por la desgarradora realidad social en que vivimos hoy en día.
Una desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entre otros, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Esto constituye desde luego una violación de las normas nacionales y de derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desde luego, el derecho a la vida.
La ONU llamó a implementar una “Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas en México”, que sea integral y coordine esfuerzos de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. Esta política debe abordar las causas estructurales de las desapariciones; asegurar la rendición de cuentas y evitar la repetición de estos crímenes, enfatizando la necesidad de acciones concretas y una supervisión independiente que garantice su efectividad.
Actualmente se plantea que se debe establecer un plan de búsqueda e investigación que incluya no solo a las autoridades, sino también la participación activa de las familias de las víctimas y la atención integral a los afectados.
