El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una camioneta calcinada en la carretera que comunica a las comunidades de San Martín Lachila y San Andrés Zabache, en Ejutla de Crespo, revela el creciente ambiente de violencia que se registra en diferentes regiones del estado. Así como la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad física de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, pues la víctima se ha identificado como defensor comunitario y su familia.
A los altos índices de criminalidad e inseguridad se agregan los asesinatos de mujeres por su condición de género -o feminicidio- cuyo continuo crecimiento genera seria preocupación. A menudo el Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.
Oaxaca se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales ante la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. La inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana, pues limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el estado de derecho.
Ante este panorama desafiante, es necesario tomar medidas urgentes y efectivas para abordar la inseguridad, requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del problema y promueva una estrategia basada en evidencias y en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y mejorar su coordinación a nivel federal, estatal y municipal. Esto implica invertir en la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
Infancia en riesgo
Oaxaca se encuentra entre los primeros diez estados del país con mayor número de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Según el programa para la erradicación del Trabajo infantil de la OIT, más de 10% de la población infantil del estado se encuentra laborando, principalmente en zonas indígenas y rurales, además, 50% niños migrantes carecen de la posibilidad de tener estudios.
Mientras que datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecen que 20 por ciento de las mujeres y 10 por ciento de los hombres manifestó haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Este tipo de expresiones ocurre en diferentes ámbitos, en el hogar o la escuela, pero también en situaciones de conflicto armado y violencia de género, entre otros escenarios.
Por esta razón, el maltrato infantil implica analizar e identificar los diferentes actores que intervienen en el ciclo del maltrato, el cual puede ser de los padres o tutores hacia el niño, del profesor hacia el niño o de un niño hacia otro.
Desde hace varios años el Consejo Estatal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca (CEDNNA) en coordinación con el Inegi, avanzan en este Sistema de Monitoreo para conocer el estado que guardan los derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca.
El objetivo es contar con un instrumento que permita la generación de estadísticas oportunas de lugar de nacimiento, procedencia, edad, grupo étnico de las niñas y niños, en condiciones de riesgo. Sobre todo porque miles de infantes oaxaqueños trabajan en el sector agrícola y urbano en nuestro estado, donde las peores formas se encuentran en el campo; ahí los infantes están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante el sol, hasta cortaduras por herramientas filosas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, se siguen observando a muchos de ellos en cruceros de nuestra capital realizando diversas actividades, como también en calles del Centro Histórico donde pasan sus días vendiendo chicles y cigarros.
