La movilización de grupos y organizaciones que abanderan una y mil causas, se ha convertido en un serio riesgo para la seguridad y el Estado de Derecho. El sábado 26 de septiembre, con la bandera de que se haga justicia en el caso de uno de sus dirigentes asesinados, el Frente Popular Revolucionario (FPR), una organización violenta, que camina al filo de la ley, junto con algunas de sus adláteres, como es el membrete denominado “Sol Rojo”, ahorcaron la entidad con al menos veinte bloqueos carreteros. Realizaron marchas e instalaron bloqueos carreteros. Uno de ellos fue en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán. Por dicha vía circulan a diario centenas de camiones cargados de mercancías, muebles, artículos eléctricos, etc. Dichas unidades no sólo han sido parte del botín de grupos de la delincuencia organizada que pulula en los límites de Oaxaca y Puebla, sino también lo fueron el pasado sábado, de ladrones del FPR, Sol Rojo y otros que, aprovechando que centenas de unidades quedaron varadas en el bloqueo, fueron vaciados de sus cargas.
Se trata, evidentemente, de un delito grave. El asalto en carreteras está tipificado como tal en el Código de Procedimientos Penales. No es pues una forma de libre expresión. Es un robo vil, cometido con premeditación, alevosía y ventaja, dado que los operadores de las unidades poco pueden hacer ante multitudes que amenazan agredirlos en caso de resistencia. Sin embargo, lo que no cuaja en la opinión pública ni, mucho menos, en las personas o empresas que son afectadas en su patrimonio, es que dichas acciones de rapiña y robo se den frente a las narices de los elementos policiales que, ante el temor de que se les señale de represores, fingen demencia para intervenir. Esto es, se trata de un ilícito que frente a la autoridad queda en la impunidad.
Un caso similar ocurre con las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vanguardia”, caso del que también abordamos mañana. Con el argumento de que están en lucha –lo están casi todo el año, sin saber a ciencia cierta si estudian o sólo se dedican a la movilización- detienen camiones y camionetas de empresas que reparten sus productos por todo el país. Acto seguido las meten a las instalaciones escolares y ahí las vacían. Justifican el robo hasta en oficios dirigidos “A quien corresponda”, esto es, se adjudican el robo, ciertas de que jamás habrán de pagar por el daño hecho a particulares. Y dichos asaltos carreteros, delitos y acciones que constituyen una violación a la norma, nunca reciben castigo. Es más, se cometen con un cinismo aberrante.
Viejos conflictos
Entre los oaxaqueños a veces es motivo de hilaridad cuando ven fotografías de funcionarios del gobierno estatal con autoridades municipales suscribiendo un “acuerdo de paz y conciliación”. Muchas veces dichos acuerdos tomados bajo presión, son echados a la basura y de nueva cuenta afloran los viejos conflictos por límites o agrarios. Hace poco más de un año, autoridades municipales de Santo Pedro y San Pablo Ayutla desconocieron un acuerdo firmado en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, con sus homólogos de Tamazulapan del Espíritu Santo, dos pueblos de la región mixe que, hasta el día de hoy, sostienen un diferendo irresuelto por el agua. En aquel entonces, la comunidad citada negó haber suscrito el acuerdo de paz con el argumento de que sus diferencias iban más allá de un apretón de manos y asunto concluido.
Tierras áridas de la Mixteca o parajes desolados ubicados entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, se han salpicado de sangre. En los Valles Centrales, el que sostiene Cuilapan de Guerrero y “Cuatro Venados”, sigue latente o los que también han dejado su estela sangrienta como el que libran Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec o los conflictos que siguen vigentes en los pueblos huaves o ikoots, menos se han resuelto. Comisiones van y comisiones especiales vienen, pero en tanto no se ejercite acción penal en contra de los instigadores de grupos y organizaciones, este baño de sangre jamás se habrá de paliar. Porque mucho tienen que ver los factores y actores externos para que los citados conflictos no encuentren solución o un camino de civilidad para superarlos.
La semana pasada, varios vecinos de Santa Cruz Mitlatongo, perteneciente a Asunción Nochixtlán, fueron retenidos por pobladores de Santiago Mitlatongo, derivado de un viejo conflicto que tienen entre sí dichas poblaciones. El secuestro de ciudadanos y vecinos no es nada nuevo. Más bien, es una tendencia criminal muy usual entre nuestras comunidades. Hay casos en los que se retiene a las personas de los pueblos vecinos y rivales, hasta meses. Sin embargo, ni autoridades ni vecinos ni instigadores reciben, como debe ser, todo el peso de la ley. Se trata de un secuestro o privación ilegal de la libertad, delito que está tipificado en el Código Penal con penas de hasta 30 o 40 años de prisión. Pero aquí no pasa nada. Con una mesa de diálogo y al delito se le da, como se dice en la jerga jurídica: “carpetazo”.
