La constante revisión de la política pública de un Estado asegura su continuidad, al mismo tiempo que verifica la legitimidad de sus representantes elegidos periódicamente. Desde las reformas a la Ley General de Salud (LGS) y al Código Penal Federal (CPF), así como las determinaciones de la Suprema Corte (SCJN) en el sentido de la despenalización del consumo lúdico de la marihuana, se nos ha dado camino a replantear la política Estatal frente a sus antecedentes prohibitivos fallidos.
La discusión en el Legislativo es una situación en desarrollo. Más allá de geometrías ideológicas y la colección maquiavélica de mayorías, un primer paso en la discusión y votación que se avecinan debe ser el análisis de fondo del contenido normativo de la Reforma. En este sentido, podemos llevar a cabo la atención de este pendiente en dos rubros.
Primero y desde un punto de vista orgánico, el dictamen de comisiones del Senado por el que se pretende expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, reformas a la LGS y al CPF presenta como una de sus mayores novedades la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, encargado de aplicar el ordenamiento que lo prevé, como un órgano desconcentrado de la Secretaría Salud y que pretende establecer lineamientos a la actividad de consumo lúdico –o “adulto”, como el mismo dictamen se refiere–, comercialización y con fines de investigación. Se perfila como un ente coordinador y cohesivo entre la totalidad del aparato administrativo, intricando la función burocrática alrededor del tema. En este caso, el hecho de añadir más elementos y entramados estuvo cerca de escapar de un juicio valorativo. Es sabido que las labores del engranaje administrativo son enormes y que, por naturaleza, su atención se filtra por la jerarquización de su estructura, pero en un tema sensible como la regulación del cannabis y el acercamiento a un futuro no prohibitivo, los cánones de simpleza huyen de la oportunidad. Una reestructura comprometida y una simplificación de la burocracia habrían sido un verdadero instrumento de utilidad al atender el problema. La eficiencia y la eficacia se tratan, desde luego, de principios rectores vinculados a la transparencia, pero también al desempeño de la función pública que busca resultados concretos, no medallas, ni producción legislativa sútilmente robusta.
Por otro lado, ha llamado la atención de diversos activistas y grupos de interés la inconsistencia del dictamen con el avance de los criterios judiciales y de política pública respecto al uso medicinal de la marihuana. Preocupan las prohibiciones al consumo de cannabis y sus derivados respecto de menores de edad y la tajante imposición de penas de prisión a falta de recetas médicas. Son por sí mismas inquietantes desde el punto de vista punitivo, pero sobre todo porque al día de hoy los alcances regulatorios de la LGS –misma a la que remite la de Regulación del Cannabis– para el uso medicinal no son absolutamente claros. La ausencia del reglamento de uso medicinal de la marihuana, ordenado al Ejecutivo por sentencia de la SCJN, pone en evidencia una disyuntiva: las labores de reforma en curso están poco sincronizadas o incluso distraídas de la magnitud que implica regular responsablemente la nueva política del Estado ante la marihuana.
Como normas jurídicas, irremediablemente serán portadoras de una serie de mensajes, tanto valorativos –que emiten juicios de valor– como prescriptivos –que buscan ordenar una determinada conducta. Legislar como acto de Estado trasciende a la producción de una simple actualización de hipótesis normativa y consecuencia, más aún, a mayores y más robustos ordenamientos. De fondo, su labor productora del componente del orden jurídico de un Estado carga con el inherente cometido de recoger las demandas democráticas y de conjugar su participación cohesiva e integralmente, en este episodio específico, con el compromiso de México con un nuevo porvenir alejado del prohibicionismo.
*Estudiante de la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho.
Twitter: @richievidales
