Bastó una entrevista del ausente ombudsman Arturo Peimbert con el Diario La Jornada, para aquietar los últimos afanes políticos de Ulises Ruiz.
El ex defensor de los derechos humanos. socio del demonio de Tasmania, reveló que el expediente sobre la sangrienta represión policiaca en el 2006 ordenada por Ulises Ruiz Ortíz, será consignado a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Haya o no haya consecuencias de esta advertencia que pudiera ser realidad o una simple patraña de los incendiarios comandantes de la APPO, la realidad es que el anuncio tuvo efectos políticos inmediatos. De entrada, desinfló -como un globo- los sueños guajiros del ex gobernador de ser dirigente nacional de lo que queda de su partido, el PRI.
Dicen que como en la música, en el arte de la política, los silencios son tan importantes como los ruidos. Y vaya que hizo mucho ruido la revelación de que el expediente de la represión contra el magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007 será presentado ante esa Corte por considerar que “los agravios y los estragos perpetrados por el ex gobernador prisita Ulises Ruiz siguen vigentes y porque se enmarcan en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que después de esos hechos se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país”.
El titular de la DDHO armó tan bien el golpe que hasta se hizo acompañar por tres que se dicen “víctimas de persecución y tortura”, Flavio Sosa, su fiel César Mateos y Emeterio Marino Cruz además de un integrante de la ya disuelta Comisión de la Verdad de Oaxaca, Diego Osorno. Este último, administró con el cura Alejandro Solalinde los quince millones de pesos que supuestamente iban a ser para el pago de indemnización a “las víctimas” de la represión. Nunca se supo del destino final de esa gran cantidad de dinero que entregó el saqueador Gabino Cue al religioso y al escritor Osorno.
Actuaron “Los Z”
En la entrevista con La Jornada, Peimbert, aunque ya hay nuevo DDHO electo, dijo que tiene personalidad jurídica para presentar este expediente como ombudsman de su estado (su gestión concluye el 9 de mayo), explicó que al sistematizar las denuncias de las víctimas de la APPO y las circunstancias de estos hechos puede definirse con claridad la hipótesis de cómo Oaxaca constituyó un ensayo de modelo de represión que a partir de 2006, todavía con Vicente Fox en la Presidencia, se replicó en varias ocasiones y diversas entidades.
Fue –aseguró– “una ecuación comprobada aplicada por Ulises Ruiz, en la que se utilizaron fuerzas parapoliciales
para colaborar y hacer el trabajo sucio de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y es el primer caso en que se comprueba la participación en estas acciones miembros del crimen organizado, específicamente Los Zetas, a partir de los testimonios de las víctimas”.
Peimbert considera que hay probabilidades para que la CPI admita el caso de Oaxaca porque se demuestra que se creó un modelo de intervención policiaca fuera de protocolo, que después se generalizó en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Arantepacua y sobre todo en el caso Ayotzinapa.
Como en política nada es circunstancial, el golpe contra URO no pudo ser más certero. Sucedió cuando, ufano, recorría el estado haciendo campaña. Reunió a sus ex colaboradores de cada región del estado. El ruido crecía hasta que lo acalló el misil de la advertencia de lo que queda de la utilitaria APPO-Cartel 22.
Atoran RE
Tras no lograr la mayoría calificada en lo particular, la reforma educativa fue frenada en el Senado de la República.
Aunque el dictamen fue avalado en lo general, en la votación en lo particular los legisladores emitieron 81 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, de un total de 122, por lo que no alcanzaron las dos terceras partes necesarias, por tratarse de una reforma constitucional.
Entre los morenistas que no emitieron su voto se encuentran Salomón Jara, Juan José Yáñez y Jesús Lucía Trasviña. Tampoco estaban presentes aliados de ese partido, como Marcela Mora, del PES.
Finalmente, el presidente del Senado, Martí Batres reconoció que el dictamen no había alcanzado la votación necesaria en lo particular, por lo que regresaría a la Cámara de Diputados.
Durante la discusión, uno de los oradores más incisivos fue el senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho Cue quien recalcó que la Ley reitera la rectoría del Estado en los servicios educativos y reconoce que los maestros son la piedra angular de la educación pública, laica y gratuita.
Dijo que su partido votó a favor porque es necesario dar nuevo enfoque a la educación en nuestro país, “porque no debemos estar siempre en la polarización política haciendo apología del presente o señalando la culpabilidad del pasado”.
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