El fin de semana pasado publicamos una nota preocupante, teniendo como fuente la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), en el sentido de que Oaxaca tiene un gravísimo riesgo de repunte de contagios y la incapacidad de retornar a las actividades económicas ante diversos problemas que no terminan de solucionarse. La actividad productiva no puede replantearse ante carencias como las que se han detectado en los organismos de salud, la falta de protocolos para detectar casos sospechosos, la reducida capacidad de pruebas que coadyuven a incidir en la prevención de casos positivos. Si bien es cierto que la necesidad apremia, hacer una apertura de los negocios sin cuidar esos rubros es, sencillamente, irresponsable. Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Hay bares en el norte de la ciudad capital, en algunas colonias como la Reforma, que tienen variedad y música viva hasta las dos o tres de la mañana, cuando se presume que el ayuntamiento citadino les impuso reglas de operación.
Por otra parte, es importante subrayar que las autoridades sanitarias han soslayado la aplicación de pruebas, que ya se realizan en todo el país, además del cumplimiento de protocolos como aquellos que dan seguimiento a los pacientes que resultan positivos y el entorno en el que se han desarrollado en los últimos días. Ello permitiría identificar los casos potenciales de contagio y las labores de seguimiento que las autoridades sanitarias deben realizar para detener la proliferación de más casos. Hay que destacar adicionalmente, que pese a los llamados de las autoridades y de la puesta en marcha del programa “Cuarenta días con cubre-bocas” que puso en marcha el ejecutivo estatal, hay aún ciudadanos que no lo aplican.
De acuerdo a lo que se ha dicho en la Fundación Mexicana para la Salud, se infiere que debe haber más restricciones y obligaciones ciudadanas para evitar que haya un repunte de contagios. En efecto no es tarea fácil, más en una entidad en donde los organismos de derechos humanos sólo atienden a documentar las denuncias, nunca el riesgo para el resto de la sociedad. Sólo hay que recordar cuando se emitió un decreto en el cual, el gobierno estatal disponía la obligatoriedad del uso del cubre-bocas, que más tardó en aprobarse que un juez de distrito lo echara abajo, con el argumento de que era un atentado a los derechos ciudadanos.
Improductivos y voraces
No es un secreto que Oaxaca tiene diputados tanto federales como locales, que dan pena ajena. La bancada federal, como lo publicamos el pasado lunes, se ha distinguido por su nula capacidad de propuestas. La mayoría de los legisladores se encuentra desarraigado de los distritos que representan. Ayer comentamos el caso del diputado Daniel Gutiérrez, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ha promovido la división y la violencia en las comunidades de la Sierra Sur, en las que pretende meter a fuerza a sus constructoras y beneficiarse de manera personal de las obras. Pero no es el único. Como una gratuita concesión a los legisladores locales, el gobierno estatal les autoriza –así lo afirman fuentes legislativas- a cada uno, un paquete de obras para sus distritos y municipios, de manera que ellos hacen y deshacen con las mismas.
Se sabe que les otorga también paquetes de materiales de construcción: cemento, láminas galvanizadas y otros. Con un abierto cinismo, hay quienes eligen que se les entregue dinero en efectivo y no los materiales. De ese tamaño es su voracidad. El ejemplo más crudo de ello es el manejo discrecional que hacen con el presupuesto anual asignado al Poder Legislativo, que en la mayor parte de los casos supera en mucho los 400 millones de pesos que tienen como techo. Empero, en un ejercicio de dobleces de discurso y moral, en sus plenarias buscan reducir partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo, para tal o cual rubro, pero jamás tocan el suyo. Por ello, seguramente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), ha considerado al legislativo oaxaqueño como uno de los más onerosos e improductivos del país. Un análisis del perfil profesional de nuestra representación popular daría muchas sorpresas.
Es aberrante por ejemplo que, en dos años de ejercicio legislativo federal, quien funge como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos, no haya presentado una sola iniciativa, al igual que el legislador Víctor Blas López. En el caso de otros legisladores, se sabe que han presentado propuestas o iniciativas, sin que las mismas pasen de comisiones. ¿Entonces, qué se puede esperar de nuestros flamantes representantes populares en la cámara federal? Pues nada. Tampoco hay mucho qué esperar en los locales, más atareados en buscar su reelección o su nuevo posicionamiento en las elecciones del próximo año.
