La ciudadanía oaxaqueña vive de manera permanente secuestrada por bloqueos y chantaje. Cualquier hijo de vecino, por los motivos que sean, cierra calles, cruceros, carreteras, oficinas públicas, etc., paralizando la vida normal del ciudadano común. Hay situaciones que no sólo generan hilaridad, por los motivos y argumentos que esgrimen los “bloqueadores”, como fue el caso de los vecinos de una colonia de los rumbos del Cerro de El Fortín, que justo cuando la capital celebraba sus 487 años de ser tal, bloquearon los cuatro carriles, con la infeliz justificación de que el ayuntamiento de la capital no les había enviado a personal, para derribar un árbol. De ese tamaño es la causa para fastidiar a toda una ciudad. El jueves de la semana anterior, padres de familia de una escuela de San Martín Mexicapam cerraron la Calzada Porfirio Díaz frente a las oficinas del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (IOCIFED), porque afirmaron que no había concluido la construcción de aulas que les habían ofrecido. Otros, vecinos de Santa María Atzompa, hicieron lo propio frente a las oficinas del Tribunal Estatal Electoral (TEEO), pues decían no estar de acuerdo con los resultados de las elecciones municipales. A todo ello, ¿y qué carajo le importa al ciudadano o ciudadana que tiene que llegar a su trabajo o recoger a sus hijos en la escuela?
Definitivamente ya es tiempo de que nuestros legisladores y legisladoras, dejen atrás su fijación ideológica y reflexionen un momento sobre lo que representa para Oaxaca, el constante chantaje a que son sometidas las autoridades, tomando como rehén al pueblo. Por supuesto que ello no es libertad de expresión ni, mucho menos, un derecho constitucional al que hay que apelar. Se trata de un método abominable del que los oaxaqueños deploramos. El daño que ello ocasiona a la paz social, a la gobernabilidad y los derechos humanos, es inimaginable. Desde diversas tribunas se ha pedido al gobierno de Alejandro Murat aplicar la ley y al Congreso del Estado, la aprobación de iniciativas y normas que permitan endurecer penas para aquellos que por motivos triviales o asuntos particulares, cierran carreteras o vialidades. Oaxaca –insistimos- jamás podrá salir del marasmo y el atraso, en tanto sigamos como ahora, secuestrados en nuestra misma ciudad, por maestros, comuneros, normalistas, padres de familia u otros, manejados con perversos propósitos políticos.
Fortalecer órganos de justicia
El crecimiento en el índice de hechos criminales en Oaxaca obliga a la instancia responsable de procurar justicia, realizar las indagatorias competentes, de manera que dichos ilícitos no queden en la impunidad. Nada hay más ofensivo para una sociedad que los crímenes no tengan castigo y que los autores materiales e intelectuales de homicidios dolosos, ejecuciones o feminicidios, se paseen impunemente sin recibir todo el peso de la ley. Uno de los factores que se comenta inciden en que dichos hechos queden en la impunidad es la pobreza presupuestal con la que opera la Fiscalía General. Hace meses trascendió que no había presupuesto ni para fotocopias, necesarias para integrar los tomos de las carpetas de investigación, mucho menos para pagar los viáticos de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para que cumplan con su papel en la investigación de los delitos. En principio, las instancias superiores, en este caso el Ejecutivo Estatal y en segundo término, el Congreso del Estado, deben tomar en cuenta que no habrá desarrollo en una entidad en la que instancias como la Fiscalía carecen de los recursos necesarios para cumplir con lo que le mandata la ley.
Hay casos recientes que indignan a la sociedad, como por ejemplo, los dos agentes de vialidad –un hombre y una mujer- que fueron asesinados en una agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca o el caso de madre e hija, menor de edad, que fueron masacradas en una vivienda de San Sebastián Tutla, la semana pasada y cuyos cuerpos inertes fueron encontrados el jueves 2 de mayo. Pero como estos casos hay muchos más que requieren de recursos para investigar y dar con los responsables. Nada llegará de manera fortuita. De la misma manera deben instrumentarse los mecanismos adecuados para operar acciones anti-criminales, no operativos onerosos y ficticios como los que hace la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), en los que se han invertido más de 180 millones de pesos en lo que va del año. Insistimos: el desarrollo de la entidad, la seguridad de las inversiones, la generación de empleos y otros, sólo se pueden dar en un ambiente en el que prevalezca la ley y la justicia. Lo demás es ficción. Pero en la pobreza presupuestal es difícil lograr éxitos notables, al menos para dar certeza a la sociedad oaxaqueña.
