Ante las actuales condiciones económicas es necesario generar un modelo económico y de desarrollo donde el trabajo bien remunerado sea la constante, pues es urgente que el combate a la desigualdad y la pobreza sean una realidad y se refleje en el salario de los trabajadores. El acceso a un empleo no es sencillo para las personas jóvenes en el país y la tasa de desempleo entre la población de entre 15 y 25 años de edad es el doble que la media general del mercado, también registran mayores niveles de informalidad laboral y barreras de acceso.
Existen diversos retos para que las personas jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral y no sólo eso, que logren un trabajo digno. En México, la tasa de informalidad general es de 55%, pero entre las personas ocupadas de entre 15 y 29 años de edad, ésta se eleva al 66.9 por ciento. Es decir, casi siete de cada 10 jóvenes laboran en condición informal, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
En este lamentable escenario los egresados universitarios perciben un deterioro en las condiciones en el mercado laboral, especialmente en prestaciones y sueldos. Aunque la población joven está accediendo a niveles cada vez más altos de educación, al momento de ingresar al mercado laboral enfrenta condiciones laborales que podrían afectar su trayectoria profesional, puesto que a la gran mayoría de ellos no se les garantiza la seguridad social ni otras prestaciones laborales.
Hasta ahora, las políticas públicas no están enfocadas en el contexto laboral al que se enfrentarán los jóvenes, en buena medida eso explica por qué el acceso al mundo del trabajo es complicado para este grupo de la población. Hay esfuerzos para apoyar a los jóvenes, pero les falta una visión integral de lo que requiere el mercado laboral.
Los jóvenes enfrentan una situación laboral compleja con tasas de desempleo dos o tres veces más altas que el resto de la población. Uno de los grandes retos tiene que ver con la formación que están recibiendo en las universidades y eso se refleja en la realidad laboral. Estamos formando a los jóvenes, pero no necesariamente en aquellas habilidades que demanda el mercado.
Más inversiones
Es indudable que el campo oaxaqueño es una prioridad para el desarrollo económico del país, por lo que con esfuerzo de todos los actores involucrados en el mismo, se darán importantes acciones para seguir apoyando las ramas de este sector. Sin embargo, sigue siendo imperioso garantizar la certeza jurídica que ayude a impulsar estas nuevas inversiones para detonar progreso y desarrollo.
Oaxaca cuenta con todo para ser una potencia a nivel nacional y mundial dada la riqueza natural que posee, sin embargo, requiere organización y visión para establecer a corto, mediano y largo plazo las metas que en su conjunto lleven a un solo objetivo que es el éxito y el repunte económico de la entidad.
La prioridad debe ser lograr la autosuficiencia alimentaria, entendiendo que esta se enfoca en productos básicos, como es el caso de maíz, frijol, trigo, soya, arroz, algunos productos cárnicos, así como otros productos pecuarios, como la leche y el huevo. Para lograrlo, es indispensable que se apoye la producción por sí sola; no importa si lo hacen pequeños, medianos o grandes productores, porque al final todos son importantes.
La competencia está con productores de otros países, principalmente con aquellos que tenemos tratados de libre comercio, como son productores de Estados Unidos y Canadá, que reciben fuertes subsidios, apoyos e incentivos. Por ello, ante las constantes movilizaciones políticas y sociales, la seguridad y estabilidad del estado es fundamental, por ello se deben atender aquellos problemas y conflictos que puedan obstaculizar su desarrollo.
Es necesario que se vea que Oaxaca también es México para que el gobierno federal brinde todos los elementos de seguridad necesarios para que las inversiones públicas y privadas lleguen y se mantengan en el estado. Atraer a los inversionistas y agilizar las gestiones para el cumplimiento de trámites y regulaciones ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, y facilitar el acceso a incentivos y programas de apoyo y financiamiento; brindará acceso a beneficios en materia de comercio exterior.
