El gobierno de Alejandro Murat no puede quedarse con los brazos cruzados ante la permanente amenaza de bloqueos a sitios claves de la economía, como el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán y otros, que ha operado el magisterio. Insistimos: hay un hartazgo generalizado de parte del pueblo oaxaqueño ante la permanente amenaza de estos dirigentes bastardos, empeñados en dañar a Oaxaca y a sus habitantes.
El pueblo de México y los organismos que siempre solapan este tipo de acciones, como son las comisiones de derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales, tienen claro el panorama. El daño que se ha hecho a la economía, a la educación, a la paz social y a la gobernabilidad en esta entidad, no tienen comparación con el que se ha hecho en otras entidades, tal vez sólo comparado con Michoacán. He ahí el por qué debe apelarse a la solidaridad de la sociedad civil y a aquellos grupos y organizaciones que aman a Oaxaca; que quieren lo mejor para el estado y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que termine de una vez por todas esta actitud de barbarie del Cártel-22, así denominado por sus acciones de terrorismo, amenaza y amago.
Quienes insisten en asumir medidas radicales, por fortuna, son sólo unos cuantos. La mayor parte de las filas magisteriales ha entrado en una fase de hastío, de cansancio y hartazgo. Son utilizados como carne de cañón y puestos en la mira. Con seguridad el gobierno de Alejandro Murat, a través de las habilidades que saben desplegar algunos de sus jefes policíacos, deben tenerlos identificados. O nos preguntamos: ¿de qué sirven las labores de inteligencia, acaso sólo para perseguir, acosar o infiltrar periodistas o dirigentes de partidos políticos? Nuestra situación actual necesita de medidas enérgicas y extremas. Formas no convencionales de la política; estrategias que vayan más allá de la forma simple del diálogo y la negociación. Las actitudes y amenazas de los maestros requieren -lo hemos dicho cientos de veces- la acción pura y llana de la ley.
No más complacencias y complicidades. Oaxaca es mucho más que una banda de maestros y normalistas facinerosos, fanáticos y mediocres que quieren ocultarlo a través de acciones temerarias en las que quieren tener mártires. La sociedad civil organizada: locatarios del mercado, transportistas, prestadores de servicios turísticos, cámaras empresariales, clubes de servicio y otros oaxaqueños que aman a Oaxaca, debemos hacer un frente común y detener a estos rufianes.
Corporaciones en entredicho
Anuestra endeble y soslayada seguridad pública, hay que añadir las prácticas burdas y corruptas de algunas corporaciones policiales. En días pasados dimos cuenta de la detención de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la Mixteca oaxaqueña, en dos eventos distintos. Un elemento fue detenido cuando a bordo de su unidad llevaba armas largas, cuya posesión no pudo acreditar. Se trata -por lo que se sabe- de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que nada tenían que hacer en un vehículo de un agente de investigación.
Poco más de una semana después, otro elemento fue detenido cuando custodiaba presuntamente un cargamento de combustible robado, a bordo de una camioneta de dudosa procedencia. Este último hecho se dio en jurisdicción de Huajuapan de León. Los dos, según lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, están vinculados a proceso. Es más, el funcionario ofreció que habrá una limpia en dicha corporación, materialmente socavada por la corrupción y los vicios. Se trata desde luego de una acción que ha sido diferida durante mucho tiempo, lo que ha permitido que los peores vicios y corruptelas penetren a fondo.
Sin embargo, hubo otro hecho que amén de despertar el escarnio ciudadano, ha obligado a las autoridades a realizar una investigación, con la idea de castigar a quienes hayan participado en este ilícito. En el sonado caso del asalto a un cuenta-habiente, en las puertas de un banco en los rumbos del Periférico, en donde una persona resultó muerta, se aseguraron 750 mil pesos, de los cuales, los jefes policiales y elementos de la Policía Municipal, sólo entregaron 350 mil pesos.
Lo grave, no obstante, no son los 400 mil pesos que están desaparecidos, sino mucho más, habida cuenta de que los asaltantes -que ya fueron vinculados a proceso- habían cometido ya varios atracos y el producto del botín lo guardaban, precisamente en la habitación del hotel que allanaron los policías, cuando los delincuentes fueron detenidos. Si bien es cierto que esa especie está aún por investigarse, pone en un verdadero brete a nuestras corporaciones y hace cierta aquella tesis de que a veces es más peligroso un policía sediento de dinero, que un delincuente que roba por placer. La Fiscalía General del Estado debe emprender con sus cuerpos de élite, una investigación a fondo para encontrar la hebra de esta situación y, de ser el caso, fincar responsabilidades penales.
