Esperamos que a los representantes populares que tienen su curul en el Congreso de la Unión les anime un espíritu solidario y humano para con los niños y jóvenes de México, en el marco de la aprobación de la nueva Reforma Educativa, la cual habrá de sustituir a la que fue aprobada en 2013 y que tantos sinsabores provocó entre los oaxaqueños. Será un error histórico –insistimos- que el Estado abdique de la rectoría de la educación que le compete por ley, para entregar parcelas de poder tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como a su disidencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estamos convencidos de que la educación pública no debe ser, bajo ninguna circunstancia, coto de poder o mecanismo de control de gremios o facciones. Por el contrario, bajo el esquema laboral que prevalece en la ley, los trabajadores no deben asumir las veces de patrón, que haría de este binomio un ente disfuncional. Si los elementos de la citada Reforma Educativa tienen como elemento central el proceso de enseñanza-aprendizaje, todos habremos de ganar, pues más allá del respeto a la libre expresión asumimos que los maestros de Oaxaca, afiliados al llamado Cártel 22, no tendrán argumentos para cambiar el aula por la calle.
Lo que hasta el momento ha trascendido de la multicitada Reforma, es un notable acierto la inclusión del civismo entre las materias básicas, además de las ya conocidas. Asimismo, ponderar en los planes y programas de estudio el cuidado del medio ambiente y el estudio de la historia, que habrá de forjar en los educandos el amor a México y a sus héroes. No obstante existe preocupación respecto a las presiones que habrán de anteceder a la aprobación de la misma. La semana pasada fueron bloqueadas las entradas al edificio legislativo de San Lázaro, como mecanismo de presión del magisterio oaxaqueño para condicionar la aprobación de una Reforma Educativa a modo, de acuerdo a sus particulares intereses sectarios y facciosos. Nada tan grave como ceder espacios a este gremio disidente, cuya matriz, la CNTE, busca por doquier beneficiarse de la simpatía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para meter cuñas y hacer del citado instrumento legal, un elemento a conveniencia. Esperamos que el pleno de los diputados y diputadas, una vez desahogada la discusión, no caiga en el juego.
Aplicar la ley sin distinción
Uno de los factores por el cual sindicatos, grupos, organizaciones y dirigentes hacen lo que les viene en gana es la impunidad, alimentada por el temor del gobierno en aplicar la ley. Por ejemplo, una semana tardaron privados de su libertad, un grupo de dirigentes comunales en una población de Juxtlahuaca, cuando acudieron junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a sofocar un incendio forestal. De inmediato salieron a relucir añejos conflictos agrarios, de los que las víctimas no tenían ni idea. Aún así fueron retenidos, no obstante las exigencias de las autoridades. Es cierto, el gobierno estatal trata de evitar que haya un enfrentamiento de consecuencias desafortunadas, pero el principio de autoridad debe sentar un precedente para evitar que hechos como éste se repitan. Ya es común –como hemos dicho en ocasiones anteriores- que ante un ilícito como éste, la Secretaría General de Gobierno se vaya por los lugares comunes y salga con establecer una mesa de diálogo. Esto no es posible cuando se ha cometido un delito. El diálogo y la conciliación deben ser premisa no resultado de un hecho a todas luces delictivo.
La semana pasada por ejemplo, ante la amenaza del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de tomar las oficinas del Tribunal Superior de Justicia el pasado lunes, desde el viernes se desplegó un fuerte operativo policial. La pregunta es: ¿y por qué no se ha hecho algo similar cuando llegan los beligerantes habitantes de Santo Domingo Teojomulco o de algunas organizaciones de taxistas? La ley no debe admitir distinciones sino que debe tener observancia generalizada. Si se usa la fuerza debe ser también con maestros, con sindicatos universitarios, con comuneros o normalistas. ¿O acaso hay algún estatuto que los blinde de la acción policial? Por supuesto que no. Ya es tiempo de ir rompiendo paradigmas y mitos. Ninguno de los anteriores es intocable ni puede hacer acciones sancionadas por la ley. Quien secuestre funcionarios o los retenga en contra de su voluntad está vulnerando la ley, por tanto, deben ser castigados. En la medida en que el Ejecutivo estatal busque aplicar la ley, existe la certeza de que la gobernabilidad y la paz social estarán aseguradas. Pero para que ello se dé, los funcionarios responsables deben sacudirse el miedo a ser catalogados como represores, cuyo estigma, desde el 2006, nadie quiere llevar encima.
