El pasado lunes, el gobernador Alejandro Murat tomó protesta a Francisco Javier García López, como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO). Se trata de un relevo que se venía manejando desde hace algunos meses, sin embargo, por la contingencia sanitaria que vivimos fue postergado. La dependencia tiene entre sus atribuciones mantener la paz social, la gobernabilidad y establecer los canales institucionales adecuados para evitar conflictos sociales, políticos, agrarios, entre otros. En la citada dependencia se forjan los acuerdos, para que la vida institucional del estado camine sobre rutas de paz. Desde el inicio de la actual administración se encargó dicha tarea a Héctor Anuar Mafud, un político con una gran trayectoria en cargos públicos por cerca de cuatro décadas, reconocido, además, por su tendencia a mantener siempre el diálogo con las más de 350 organizaciones sociales que perviven como satélites alrededor del presupuesto estatal y que se han convertido en un serio riesgo para la paz social.
En los últimos días trascendió que el ex titular de la referida dependencia había tenido un lamentable accidente, justo cuando un grupo de organizaciones sociales y membretes hicieron su festín de chantaje y presión al gobierno estatal. Dicha situación lo incapacitó para poder desactivar o desincentivar los hechos, que terminaron por crear un ambiente de crispación social en plena emergencia por la pandemia. Son estos grupos los que han prohijado durante años serios problemas a la gobernabilidad, pues sus dirigentes están ya habituados a vivir sin trabajar, luego de convertirse en agitadores profesionales, especialistas en los atracos en casetas de cobro o en montar bloqueos.
No son pocas las voces que en Oaxaca se han pronunciado por aplicar la ley una vez que las canales del diálogo y la negociación se han agotado. Éste es, justamente, el reto que tiene en puerta García López. En este mismo espacio editorial de El Mejor diario de Oaxaca, hemos insistido en que nuestro estado jamás podrá salir del marasmo de la pobreza, la marginación y la desigualdad, hasta en tanto no se restablezcan los principios del orden y la legalidad. Ninguna autoridad debe doblegarse a establecer mesas de diálogo teniendo enfrente los agravios a la sociedad civil. Eso, definitivamente tiene que cambiar. Se requieren nuevos mecanismos de política interna que privilegien, en primer término, el bien de la sociedad en su conjunto y no de minorías que perviven de la dádiva oficial.
Medidas extremas, pero necesarias
Desde la semana pasada, el ayuntamiento de Santa María Colotepec, en la Costa oaxaqueña, dispuso el cierre de varias playas en la jurisdicción que le corresponde en Puerto Escondido. La razón que esgrimieron las autoridades municipales es que en los últimos días se ha dado un crecimiento inusual de contagios por Covid-19. Otros municipios, ha trascendido, a raíz del exhorto que les hiciera el Congreso del Estado, han tomado medidas enérgicas para evitar que el virus que nos tiene contra la pared desde hace siete meses, siga cobrando vidas de más oaxaqueños. Hace días se supo que las autoridades de San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla, habían tomado medidas enérgicas, apercibiendo a sus habitantes de aplicarse las medidas sanitarias a menos que se hagan acreedores de sanciones pecuniarias o corporales. Y es que al paso que vamos, Oaxaca se está convirtiendo a nivel nacional en un referente de irresponsabilidad y apatía respecto a este mal.
A poco de haber iniciado la contingencia, muchas comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos fueron un ejemplo. Se aislaron por completo de sus vecinos al no permitir que nadie entrara a sus territorios sin haber sido checado o justificando su arribo. Desde luego que dicha situación generó protestas. Otros más pusieron retenes, con la amenaza de que los mismos pobladores que arriban de otros lugares podrían ser puestos en cuarentena para evitar que trajeran el virus de donde provenían. También hubo protestas y quejas. Las más notable fue cuando el gobernador Alejandro Murat aprobó un decreto para imponer el uso obligatorio del cubre-bocas. Una mujer que fue reconvenida a hacerlo acudió a esos membretes que dicen proteger los derechos humanos, logrando el amparo de un juez federal.
Con cerca de 20 mil casos positivos y casi 1 mil 600 decesos, sin duda alguna el gobierno debe imponer mayores restricciones. Estamos de acuerdo en que hay miles de ciudadanos que obligadamente tienen que salir a trabajar, pero ello dista mucho de otros tantos miles que deambulan por las calles, parques y mercados, que han incrementado tanto la movilidad como los contagios. Nadie duda que el impacto económico en la contingencia ha sido brutal, es innegable, asimismo, que los efectos en el empleo, la industria turística, la actividad comercial y otros, han sido demoledores. Pero también lo es, que la movilidad y la apatía para aplicarse las medidas sanitarias, siguen generando una situación grave y mortal.
