Los jalones y tirones por la candidatura a la gubernatura en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre los senadores Susana Harp Iturribarría y Salomón Jara Cruz, podría tener repercusiones graves en la paz social y la estabilidad política de no haber en breve una resolución de parte, tanto de la dirigencia nacional de dicho partido como de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en torno a la amenaza de uno de los operadores políticos de la legisladora de la Cámara Alta, Flavio Sosa Villavicencio, quien incendió casas y edificios públicos en noviembre de 2006, luego de la entrada a Oaxaca de las Fuerzas Federales de Apoyo, de movilizar a los leales de la citada aspirante, como medida de presión para inclinar la balanza a su favor. Se trata, obviamente, de poner en práctica medidas de chantaje y presión, poniendo de nueva cuenta a la entidad a los ojos del país, como un estado sin ley.
Según observadores de la vida política oaxaqueña, la inconforme sabía a ciencia cierta las reglas del juego. En caso de no ser favorecida simplemente apegarse a la disciplina partidaria. Pero tal parece que no es así. No fueron pocas las opiniones que le advirtieron del riesgo de tener entre sus promotores a uno de los personajes más controvertidos de la llamada “lucha social”. Simplemente ignoró las advertencias. Querer poner a su partido contra la pared, como ya lo ha puesto, con críticas y amenazas por no haber sido favorecida, la retrata de cuerpo entero. Es más, caer en el juego de que con marchas, protestas y demás puede inclinar la balanza de su partido, exhibe la inexperiencia, la inmadurez, la falta de respeto a su mismo instituto político.
El tema es estrictamente de decisión partidista no es una demanda social. Emplazar a realizar movilizaciones no sólo puede poner en riesgo el cacareado y anticipado triunfo de Morena en los comicios del 5 de junio de 2022, sino exhibirlo como un instituto político susceptible a no respetar sus propias reglas. Ello sólo se entiende si a la senadora inconforme le hicieron creer, antes de que Morena decidiera, que era la candidata, lo que en la jerga política se llama madruguete. Y no hay duda que así fue, al juzgar por la postura de soberbia que algunos medios le acusan a la aludida. Validar movilizaciones y mecanismos de presión para meterla con calzador a la liza de la gubernatura, es simplemente un absurdo.
¿Cuál estado seguro?
Es necia la postura de aquellos que siguen insistiendo a quien quiera escucharlos que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país. El mismo argumento se repite una y otra vez. Y no es de ahora. Se viene arrastrando desde hace al menos tres administraciones atrás. Los hechos demuestran que, no obstante, las mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que es de donde proviene dicha falsedad, Oaxaca no es ni con mucho el Edén de tranquilidad y paz como se quiere hacer aparecer. La semana pasada, en base a datos duros, publicamos en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca, que nuestro estado junto con Zacatecas, se habían perfilado en el inicio de año, como los más violentos del país. Y ello no es para echar las campanas al vuelo sino para robustecer los mecanismos de seguridad en todo el estado y definir una estrategia de prevención.
La realidad es preocupante. En los primeros diez días de enero, en el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales se dieron al menos quince ejecuciones. Es más, entre dichos ilícitos se contabilizaron al menos cinco feminicidios, que se vienen a sumar a las decenas registrados en 2021 sin que la Fiscalía General del Estado, haya dado pie con bola. La región istmeña, sobre todo Juchitán de Zaragoza, Matías Romero y su vecina, Santa María Petapa, han registrado el mayor número de homicidios dolosos. El miércoles 12 de enero, sólo en Juchitán, cuatro personas presuntamente de una familia fueron ejecutadas. Detrás de la mayoría de dichos delitos están ligados con operaciones de narcomenudeo y trasiego de droga, lo que advierte la presencia de grupos criminales vinculados a los mismos.
Se ha llegado a niveles tan preocupantes que las ejecuciones se han dado en la misma capital, como fue el caso de una mujer, comerciante del Mercado de Abasto, que fue ultimada en su propio domicilio, en la agencia municipal de San Martín Mexicapan. Unos días antes, otra mujer fue privada de la vida en la agencia de Santa Rosa Panzacola. Su cadáver fue encontrado envuelto en una cobija días después de haberse reportado desaparecida. Ello implica que los crímenes se han llevado a cabo en la propia capital, lo que implica un serio desafío para las dependencias y corporaciones policiales. Sin embargo, en los pasillos del poder público, se sigue con la vieja y anacrónica cantaleta de que somos una de las entidades más seguras del país.
