Hoy retornarán a clases más de un millón de estudiantes de educación básica, media y media superior, del sistema educativo oficial, luego de disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa. Para las escuelas oficiales sólo serán si acaso dos días hábiles, habida cuenta de que la Sección 22 y su matriz, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están convocando a un paro y movilización nacional, con el trillado tema de la Reforma Educativa, que fue aprobada por la legislatura federal el pasado miércoles, prácticamente como traje a la medida de estos irresponsables mentores. Este asunto, como todo mundo está enterado, no había avanzado un ápice justamente por la cerrazón del magisterio disidente, que ha insistido una y otra vez, en no perder los privilegios y apropiarse de la educación que imparte el Estado y que éste, de ninguna manera, debió negociar. Para el sistema educativo oficial pues, se avecinan tiempos difíciles, pero también para los oaxaqueños. Hay que recordar que el mes de mayo es letal para el comercio establecido, para la paz social y la tranquilidad ciudadana. Las marchas, el plantón en el Centro Histórico, los bloqueos a calles, cruceros y carreteras, no habrán de tardar, esto es, la recreación infame de lo que hemos vivido en Oaxaca desde hace 39 años.
La actitud sectaria de la CNTE/Cártel 22, sólo se justifica por un afán malentendido de querer someter al sistema educativo oficial a sus caprichos facciosos. Éste debe entender que la CNTE no representa a todo el magisterio del país y que para que dicha reforma tenga la aplicación y seguimiento adecuados, debe tener el concurso de todos los maestros, padres de familia, expertos en educación, analistas y sociedad civil. La disidencia sólo tiene un lenguaje: el chantaje, sin el interés legítimo de la educación de millones de niños, niñas y jóvenes mexicanos cuyo futuro está en suspenso ante una formación deficiente y politizada. Apostarle al fanatismo ideológico y a la movilización perpetua, dándole a sus promotores la potestad de ser quienes hagan de las plazas docentes un mercado a su favor es jugar con fuego y exponer al país a una formación educativa facciosa y perdida en el mundo de las ideas. Oaxaca es el ejemplo más emblemático de esta realidad. La educación que imparte el Estado está por debajo de la media nacional y arrastra un rezago que no se puede superar en muchos años. Sin embargo, ahí sigue el Cártel 22, tratando de imponer el mamarracho conocido como Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).
Sólo una acción concertada
Permeado ya por los grupos criminales, sindicatos del transporte y las mafias locales que han pervivido protegidos por el gobierno, el comercio en la vía pública amenaza en convertirse en una Hidra de Lerna, cuyas cabezas cubren no sólo las calles del Centro Histórico, sino todos los jardines, plazas, centros comerciales y demás. De hecho sus tentáculos han crecido pues se registra un incremento importante en el número de puestos. Sin embargo, de forma premeditada y perversa quisiera dejarse todo el paquete del problema al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, sin reparar que existen temas que competen al gobierno estatal, como es el caso –que ya hemos referido- de los indígenas triquis cautelados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El asunto del comercio en la vía pública no se habrá de resolver sólo con diálogo o con el convencimiento a sus dirigentes, empezando por la propietaria de las calles oaxaqueñas, Carmela Luján y sus pistoleros, o por la dirigencia del Sindicato Libertad, CTM o 14 de Junio, sino a través de la aplicación de la ley. Lo malo es que hay en el gobierno un temor injustificable para someter a quienes no obedecen las normas.
Desde el lunes de la semana pasada, las hordas de Carmela Luján acordaron desalojar el zócalo de la capital con miras a la celebración del 487 aniversario de la Ciudad de Oaxaca. Pero no fue en definitiva, sino con la amenaza de regresar el pasado fin de semana. El propósito es loable de parte de las autoridades, aunque resulta similar al “miércoles sin ambulantes” que puso en marcha la administración del ex edil José Antonio Hernández Fraguas, cuyo revire fue, al parecer, el otorgamiento de más permisos y licencias. En fin, lo que es cuestión de discutir es que los dos órdenes de gobierno, estatal y municipal, mediante alguna acción concertada, deben acotar o reordenar, regular o extirpar el comercio en la vía pública. Esto último resulta un verdadero desafío habida cuenta de que cientos o tal vez miles de familias viven de dicho negocio, ilegal aunque lícito en cierto sentido. El reto a la ley es ocupar los espacios públicos que son de uso común para un comercio que sólo obtiene rentas para unos cuantos y líderes que se han apropiado de dichos espacios. Más que soluciones momentáneas y a medias, urgen acciones más contundentes y severas.
