Son tal los intereses que se mueven en torno a la elección del nuevo presidente de la CNDH que a los senadores se les hizo agua el engrudo.
Ayer era el plazo fijado, pero en el Senado de la República se diluyó la posibilidad de que el pleno designara al ombudsman.
Dicen que la bancada de Morena no desiste en impulsar a Rosario Piedra, pero la oposición no quiere.
Luego de aceptar el líder del Senado Ricardo Monreal que no ha podido consensar una mayoría, dijo que es necesario “que podamos buscar a un presidente o una presidenta, alejado de las tentaciones del poder, con plena autonomía y con una historia que demuestre con hechos su congruencia”.
Debido a la complicación de esta elección, el mismo presidente AMLO ha entrado a la polémica. Declaró que el futuro titular de la CNDH debería ser “alguien que haya vivido en carne propia una violación a los derechos humanos, tiene que ser una institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos”. Sus palabras ubican claramente a Rosario Piedra como la elegida desde el poder.
Lo dicho por el líder del Senado y el mismo López Obrador, resultaría incongruente sien la CNDH pusieran precisamente a un violador de Derechos Humanos como el gabinista y mecenas de la beligerante APPO, Arturo Peimbert Calvo.
Decir que Peimbert es un transgresor de los Derechos Humanos es sustentable con los expedientes penales que acumula. Averiguación previa 131/(PM)/2012 por el delito de falsificación de firmas. Tiene también en su contra el expediente 335/2002 por violencia intrafamiliar.
Contumaz
Es un violador sistemático de los Derechos Humanos aún como titular en Oaxaca de la DDH. Nunca emitió recomendación contra los activistas del cártel 22 y la APPO que sitiaron con barricadas la capital oaxaqueña y, lo peor, cerraron casi un año las escuelas oficiales. Nadie habló de la violación del derecho a la educación de los niños y jóvenes.
En el 2016, en su misma casa dieron una “cachetada con guante blanco” al señor Peimbert. Contrató a la especialista Luisa Pérez Escobedo, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) para hablar del tema y le dijo lo siguiente:
La seguridad y los derechos humanos están sumamente vinculados. No podemos tener ni justicia ni seguridad si no se respetan los derechos humanos, pues “un Estado que alega que por temas de inseguridad van a reducirse o a limitarse dichos derechos, es un Estado autoritario”.
Discutida elección
Igual que hoy en que Peimbert busca encabezar la CNDH en situación muy discutida apoyado por el saqueador Gabino Cue, para su elección en el 2012 se confabuló con los grupos políticos más extremistas y, en consecuencia, violadores sistemáticos de los Derechos Humanos.
Mucho se decía del sesgo que tuvo este organismo supuestamente “autónomo” que terminó siendo un ente casi exclusivo para defender los intereses del cartel 22 y la APPO con sus grupos variopintos que bastante atizaron la violencia social que sirvió para catapultar a Gabino al gobierno. Lo que mal empieza mal acaba. El “cambio” que impulsaron terminó en un saqueo descomunal del patrimonio de Oaxaca.
En el Escaparate del 30 de enero del 2004, puse con toda precisión la relación política y económica que une a los APOS con Arturo Peimbert, con Flavio Sosa y el cura Wilfrido Mayrén, Uvi.
Resulta que Ignacio García Maldonado lugarteniente del incendiario Flavio Sosa, y otro porro identificado como Emanuel, fueron asesinados en el interior de un carro oficial asignado a la DDHO. Se habló en su momento que fue un ajuste de cuentas entre activistas de la sección 22.
Tales sucesos confirmaron que los activistas del cartel 22 y de la APPO, atienden los mismos intereses torcidos, primero como activistas y luego como altos funcionarios. Los rumores sobre estos crímenes corrieron como mero distractor con un objetivo claro: ocultar el uso patrimonialista de los recursos de una institución creada para la defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
Como DDHO caminó entre tropiezos. Para quedar bien con sus asociados del cartel 22, decía que “el primer herido de bala en el enfrentamiento de Nochixtlán, fue un civil porque la Policía disparó primero. Su señalamiento fue anulado con la investigación de la comisión legislativa que concluyó: Hubo 100 civiles heridos y 6 muertos que no son maestros, 94 policías heridos, 34 de ellos graves con quemaduras y amputaciones de miembros, entre estos hubo 4 federales y dos estatales por arma de fuego”.
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