Al gobierno de Alejandro Murat le faltó oficio político para destrabar el problema agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán que, por 15 kilómetros, ha mantenido detenida la construcción de la súper carretera a la Costa, había dicho el gobernador, Salomón Jara, el pasado 24 de diciembre. Y el “oficio” político y factible “solución” debió llegar desde Palacio Nacional.
Los gobiernos de la 4T han señalado que es el diálogo, la presentación de propuestas, los acuerdos entre las partes la mejor herramienta para buscar salidas a disputas, resolución de conflictos y alcanzar acuerdos duraderos, sin duda y en eso estamos de acuerdo.
Solo que el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador pisó el acelerador a fondo y encontró una solución más rápida: el ultimátum.
De acuerdo con los encargados de la obra, falta concluir la pavimentación de 10 kilómetros y un viaducto pendiente para iniciar. En octubre el gobierno del Murat reconoció que hay un túnel en San Sebastián Coatlán que avanza con el viaducto y el puente Colotepec; faltaría el viaducto de San Vicente Coatlán.
La obra Barranca Larga-Ventanilla tiene una longitud de 104.2 kilómetros y su trazo corre por los municipios de Ejutla, Yogana, San Vicente Coatlán, Miahuatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián y Santa María Colotepec. Es en la frontera entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán donde se encuentra la zona de conflicto estimada en alrededor de 19 mil 600 hectáreas.
El conflicto se ha extendido ya por más de 47 años y en tres lustros ha dejado 28 muertos, violencia, incursiones armadas, incendios en la zona. En septiembre de 2022 autoridades agrarias y civiles de San Vicente Coatlán decidieron frenar las obras y enviaron a López Obrador una carta explicando su decisión ante el “abandono y falta de voluntad para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto agrario”.
Ayer llegó la respuesta. El gobierno de la 4T presentó su propuesta y fijó un plazo de un mes para que sea aceptada, de lo contrario, se proyectará un nuevo trazo a través de algunas otras comunidades, menos conflictivas. Esa fue la salida, jugar a las vencidas.
A finalizar el año pasado trascendió que la salida era proponer la compra de un terreno por parte del gobierno federal y, de acuerdo con la demanda de una de las partes, lo que genere la venta de ese predio se dividiría a partes iguales entre las comunidades.
En diciembre un diario nacional “cabeceó” así: “El estado más conflictivo estrena gobernador” y vaya que lo es. Y la solución de la 4T para dirimir conflictos o para hacer lo que se desea, más si es una orden presidencial, es “convencer” por la fuerza a partes en disputa o emplazar a los inconformes.
Pero ¿quién en su sano juicio rechazaría el paso de una carretera por su comunidad? La zona de los Coatlanes ha sido señalada por ser el triángulo dorado por siembra de droga en Oaxaca. De acuerdo con cifras de Sedena, San Vicente Coatlán ha sido uno de los municipios con mayor superficie de sembradíos de droga destruida. Una carretera permitiría un acceso más sencillo y operativos más frecuentes. Siempre y cuando así lo decidan los encargados del combate al narcotráfico.
El 8 y 9 de noviembre de 2019, hace tres años, en esa zona se registró una verdadera tragedia: 5 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca fueron asesinados y dos uniformados heridos presuntamente por una posible emboscada por parte de pobladores de San Vicente Coatlán, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, según informes de las autoridades de justicia. Participaron alrededor de 200 habitantes de San Vicente Cotlán en la emboscada, aseguraron testigos.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) realizaban un recorrido por el pareje “La Cementera” a bordo de las unidades de motor identificadas con número 1730 y 1718 cuando fueron emboscados.
En un tuit, la propia Guardia Nacional retomó el asunto y dijo que “inició un operativo para dar con los agresores de cinco policías estatales que fallecieron y dos que resultaron heridos durante un ataque en San Vicente Coatlán, Oaxaca, este viernes por la noche”.
Del caso nada se sabe y familias de los policías muertos, en reiteradas ocasiones han denunciado el desamparo en que se encuentran y la falta de justicia. En el hecho se utilizaron armas de alto poder.
El domingo los gobiernos estatal y federal pusieron las cartas sobre la mesa. El pretexto es un predio, la oferta es por un terreno y la amenaza cambiar el trazo y permanecer alejados de la carretera como palanca de desarrollo; la pelota, ahora, está en el campo de la comunidad.
Y tienen un mes de plazo.
Y LA VÍA AL ISTMO, A VUELTA DE RUEDA
De acuerdo a información difundida en visitas previas por parte del gobierno de Oaxaca y de presidencia de la República, en julio de 2022 la supercarretera Oaxaca-Tehuantepec contaba con un avance de 64.35%; sin embargo, tres meses después, en octubre el parte oficial daba cuenta de un “avance” de 65.12%. En ese lapso, un trimestre, la obra estuvo prácticamente paralizada dado que solo “avanzó” 0.77%.
Es necesario recordar que la vía estuvo prácticamente 13 años paralizada. El sábado, durante la visita presidencial se señaló que estaba al 70.2%, con lo que aún esta lejano el sueño de los istmeños de contar con una vía de primer mundo a corto plazo. En enero se tenía 58.28% de avance, por lo que en doce meses se sumó 12% más de longitud y terminados. A ese ritmo, pues tenemos esperanza de que se abra la vía en dos años y medio.
