Estamos a casi mes y medio que se inició la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), con el gravísimo riesgo de que la comunidad estudiantil de 26 mil alumnos, pierdan el ciclo escolar. Se trata de una de las huelgas más prolongadas de la historia universitaria, pero también la muestra fehaciente de que la institución ya no puede más. Nuestra Alma Mater local sobrevive de milagro, acorralada no sólo por seis sindicatos sino además por clanes familiares que se chupan el presupuesto y grupos de porros que han alentado la violencia y la ingobernabilidad. De poco han servido los llamados al diálogo, a privilegiar la esencia de la docencia, la enseñanza y la investigación, por encima de los intereses gremiales.
Hay una obstinación enfermiza por seguir lacerando a la universidad, con demandas extremas como eso de pedir 20% de incremento salarial, que está fuera de cualquier posibilidad presupuestal.
Es increíble que dicha demanda, junto con la creación de 30 plazas y aumento a la canasta básica mantenga paralizada a una institución que ha sido ubicada como la universidad popular más socorrida por los jóvenes que han tocado sus puertas, ante la imposibilidad de acudir a una escuela de paga. Esta cerrazón ha evidenciado el manipuleo de parte de algunos actores gubernamentales, que ven en la UABJO un eslabón para sus aspiraciones políticas. Porque tampoco se debe soslayar que la sucesión en la rectoría está a la vuelta de la esquina. En el mes de mayo, el actual rector, Eduardo Bautista Martínez, entregará la estafeta que recibió, para conducir los destinos de la institución. Esta huelga prolongada, pues, se inscribe en la ambición de ciertos grupos para seguir medrando del magro presupuesto universitario.
El pasado domingo se publicó una carta abierta suscrita por rectores y directivos de las principales universidades públicas del país, como la UNAM, aglutinadas en el Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que hacen un llamado a resolver de manera inmediata la situación en la UABJO. Manifiestan su respeto al derecho de huelga, pero también deploran que éste se superponga sobre el derecho a la educación de miles de estudiantes. A casi mes y medio de haber paralizado a la UABJO, urgen medidas enérgicas para volver a la normalidad.
Falta de protocolos
La semana anterior brincó un tema que por mucho tiempo ha sido soslayado: el acoso escolar por parte de maestros en colegios de educación media superior. En el Colegio de Bachilleres (COBAO) de Nazareno, Etla, un grupo de jovencitas exigió la aprehensión de un maestro que, dicen, las ha tocado y les ha acosado. Quienes protestaron paralizaron a la institución y obligaron a la Policía Estatal y Municipal a resguardar al detenido, pues los ánimos estaban exacerbados y el maestro señalado como acosador, pudo haber sido linchado o golpeado por las alumnas. No es la primera denuncia que se interpone en ese sentido. Hace al menos un par de años, en el colegio de Cuilapan de Guerrero, un conserje fue despedido por espiar a las niñas y tomarles fotografías. No obstante, el mal prevalece en la institución sin que se haya podido desterrar, gracias, muchas veces, a la intromisión del sindicato al que pertenecen los señalados.
Lo cierto es que no existen ni los protocolos ni las medidas administrativas al respecto, que puedan inhibir la comisión de dichos ilícitos. Ello ha influido a que se sigan cometiendo de manera infame los abusos en contra de adolescentes. Si bien que por el escándalo que se armó en las redes sociales, ahora el Sindicato de Trabajadores de dicha institución puso su raya de dichos hechos, lo cierto es que, al igual que la Sección 22, solapan este tipo de conductas, protegiendo a sus agremiados, no obstante, su evidente responsabilidad en las mismas. La pregunta es elemental: ¿Cuántos maestros de primaria o secundaria que pertenecen al llamado Cártel 22 han sido consignados o están en prisión por violaciones, estupro o acoso escolar? La respuesta es, ninguno.
Es necesario pues que las instituciones de enseñanza media básica y media superior, tanto públicas como privadas, tengan sus propios códigos de ética, a través de los cuales, en caso de denuncias probadas de algún ilícito, puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Es evidente que nadie puede ser acusado o consignado sin que se hayan aportado las pruebas obligadas de culpabilidad. De ninguna manera, maestros y maestras deben ser objeto de escarnio público, habida cuenta de que quien acusa está obligado a probar su dicho. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a acusar sin pruebas. Se sabe que hay mecanismos de chantaje que pueden ser usados para desacreditar y terminar con la carrera de maestros, todo por infundios o mala fe de ciertos alumnos.
