• Hay Talamontes
• Invalidan Plan B
Con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, se pretende dar protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias.
La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De ahora en adelante toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez o la autoridad responsable del fuero local. No hacerlo será sancionada y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por las omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales.
La propuesta establece que los tres órganos de gobierno deberán solicitar a las personas un certificado que compruebe que no están inscritos en dicho registro, para que puedan tramitar una licencia, un permiso para conducir, un pasaporte o un documento de identidad y de viaje, llevar a cabo trámites ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, participar como candidatos a cargos de elección popular y en procesos para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, así como para solicitar matrimonio.
… A VUELO DE PÁJARO
Los problemas agrarios en nuestro estado reclaman de especial y permanente atención, no se resuelven con buenas intenciones ni con discursos floridos sino con capacidad de conciliación y atención a sus planteamientos pues en cualquier momento explotan. Al iniciar esta administración se tenía un registro de 319 asuntos, la mayoría por límites entre comunidades, de los cuales 25 están considerados de alto riesgo, 58 de mediano y 236 de bajo riesgo. De poco o nada servirán firmas de acuerdos si no hay un trabajo profundo para reconciliar posturas y la sangre de más oaxaqueños seguirá tiñendo sus tierras. Menos palabras y más hechos.
Varios factores
Tras la violencia desatada entre pobladores de la agencia Llano de Guadalupe del municipio de Tlaxiaco y de San Miguel El Grande, la versión oficial es que se trata también de la disputa de intereses de empresas madereras y talamontes. Se pregona que “es un tema que no quedará en el olvido” y que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca deberá llevar a cabo con prontitud la investigación y esclarecimiento de los hechos, pues en el ataque aparecieron armas de uso exclusivo del ejército, por lo que también ya se dio parte a la Fiscalía General de la República.
Insistirán
A pesar de la falta de difusión entre las comunidades, se insistirá en los beneficios de construir el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) y se le recomendará al presidente municipal de la Villa de Mitla, Luis Armando Olivera López, mostrar un arrepentimiento público por usar este proyecto para fines políticos. A decir del gobernador Salomón Jara Cruz, es “pura mentira de Luis Mitla, no estamos de acuerdo con él, no compartimos su opinión, seguimos trabajando en San Lorenzo Albarradas, gracias a que las autoridades siguen en esta consideración”.
Invalidada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de reforma electoral, con 9 votos a favor y 2. Incluye la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al proceso legislativo. El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán planteó invalidar dichas reformas por irregularidades en el procedimiento legislativo y el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien en otros momentos acompañó temas relevantes del Gobierno federal, dijo: “Fácticamente es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión”.
La ministra presidenta, Norma Piña, defendió el derecho de las minorías a participar en la discusión del proceso legislativo.
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Volveremos.
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