El viernes 17 de marzo, una persona de familia ampliamente conocida en el sector hotelero, pero que laboraba como asistente de un funcionario de la actual administración estatal, fue asesinado de al menos seis disparos de arma de fuego en la carretera a la Zona Arqueológica de Monte Albán. Según las primeras pesquisas, el mismo fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla estuvo para iniciar la investigación correspondiente. En el lugar, se dice, sólo se encontró el cadáver tendido a media carretera, portando un casco de ciclista. Pero el vehículo no estaba, tampoco el teléfono móvil. Gracias a un programa o dispositivo, de inmediato se ubicó el lugar en donde se encontraban los objetos perdidos, resultando de ello, dos personas detenidas, una de ellas, dirigente de una organización de moto-taxis en San Pedro Ixtlahuaca.
Si bien es cierto que serán las autoridades las que, en última instancia develen la naturaleza exacta de los hechos y responsables, no le compete a un medio de comunicación asumirse juez o fiscal, ya es común en Oaxaca que aquellos que regentean el transporte, sea de camiones de volteo, taxis o mototaxis, estén involucrados en acciones ilícitas o al margen de la ley. En la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca e incluso, en algunas agencias en donde se ha permitido el tránsito de dichas unidades —mototaxis— los operadores se han convertido en delincuentes sin más y sus unidades sirven para cobrar rescates de secuestros, distribuir droga y delitos tan graves como crímenes. No son pocos los casos en los que algunos de ellos han sucumbido de manera violenta.
Hay centros urbanos del estado, como Juchitán de Zaragoza, en donde circulan más de tres mil mototaxis. Las ejecuciones o atentados en contra de quienes los operan son algo cotidiano. La muerte tiene permiso, pues si bien hay personas honorables que se ganan la vida de manera lícita, hay muchos que son delincuentes que usan las unidades para cometer actos ilícitos. Pese a todo ello, no hay quien los meta al orden. Del caso que nos ocupa es demasiado prematuro adelantar juicios. Pero de que el gobierno de Salomón Jara debe aplicar correctivos, cancelación de concesiones, permisos y demás, será un antídoto ante tantos delitos que se cometen al amparo de las referidas concesiones. Son muchos los crímenes que se han cometido, teniendo como telón de fondo organizaciones y sindicatos del transporte.
Frontera porosa
Durante algún tiempo y gracias a los mecanismos de cooperación entre gobiernos estatales, específicamente de Veracruz y Oaxaca, la zona limítrofe se mantuvo en una calma relativa. Uno de los hechos notables fue la aprehensión y consignación a un penal federal, del diputado local Gustavo Díaz Sánchez, a) El Gato, a quien se consideraba como uno de los ejes de la actividad delictiva en la región de la Cuenca del Papaloapan. Aunque también hay que decirlo, desde hace años dicha zona limítrofe entre las dos entidades ha sido teatro de operaciones criminales en donde han sucumbido centenas tal vez de personas. Durante años, Tuxtepec y comunidades aledañas fueron sitios privilegiados de levantones, ejecuciones y vendettas. La calma relativa que mencionamos sólo fue temporal. Vienen de Veracruz a tirar a sus muertos o van de Oaxaca a territorio vecino a hacer una obra similar.
Sin embargo, durante los últimos meses, la población de Temascal y San Miguel Soyaltepec han sido escenario de verdaderas masacres. Hace poco más de un mes, cuatro miembros de una familia fueron ejecutados por un comando armado. La semana pasada la escena se repitió con el mismo número, además de un menor de edad gravemente lesionado. Es decir, en estas poblaciones tal parece que la muerte tiene permiso. Ahí han desaparecido personas que jamás han sido encontradas. La riqueza plasmada en vegetación parece ser el sitio idóneo para las operaciones criminales, pues bandas locales y vinculadas con cárteles delictivos, han hecho de esa zona una tierra de nadie, sin que los gobiernos de las entidades vecinas vuelvan a reforzar los mecanismos de seguridad y así evitar más operaciones ilícitas que derivan en muertes.
La semana pasada, el gobernador Salomón Jara y su homóloga de Guerrero, Evelyn Salgado, suscribieron acuerdos importantes en materia de seguridad, sobre todo porque en la Costa que comunica a ambas entidades se ha desarrollado una preocupante actividad criminal. Lo muestran la cadena de crímenes en Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Puerto Escondido y otras poblaciones. La presencia del crimen organizado es evidente, aunque las autoridades estatales quieran minimizarlo. Porque de una cosa estamos ciertos los ciudadanos: Oaxaca está muy lejos de ser la entidad segura que tanto cacareaban las autoridades en el pasado y siguen haciéndolo hoy en día, los titulares de las dependencias del gobierno en funciones.
