Uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Actuar bajo la observancia de la ciudadanía, es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados
La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país, de ahí que la gran tarea sea fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
Ante este escenario, el reto es consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Como nunca la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Es indudable que la abundancia legislativa en materia de transparencia no garantiza su pleno y verdadero ejercicio, pues si algo escasea es voluntad política para hacer la transparencia realidad. De esto dan cuenta las negativas para cumplir las resoluciones del órgano de transparencia, el incremento en las declaratorias de inexistencia y la pobre calidad y lo poco útil que es la información oficial de los portales de Internet.
La transparencia es un indicador de avance democrático y se expresa en la capacidad de los gobiernos de informar honesta y claramente a la ciudadanía sobre su quehacer, la forma en la que gastan los recursos públicos y los resultados que obtienen.
También se refleja en el compromiso por encontrar fórmulas que armonicen, en beneficio del interés público, el derecho de acceso a la información y las posibles causas de reserva. Una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales.
Desigualdad
La desigualdad territorial y desigualdad basada en la discriminación de grupos enteros de la población que comparten alguna característica, sigue vigente en nuestro país pero en especial en nuestra entidad. A todos ellos agobia la desigualdad basada en la discriminación cultural, lingüística, étnica, de género, de orientación sexual, de personas con capacidades diferentes y discriminación, con base en religión y en creencias.
Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo, ya que las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones. Por ello, la desigualdad no es sólo un fenómeno que esté relacionado con la cantidad de dinero que pueda generar un individuo en comparación con otro.
Sin embargo, las condiciones de las mujeres en este entorno son aún peores, al formar parte de una cultura básicamente patriarcal. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), más de 7 millones hablan una lengua indígena y de éstos 9.2% son monolingües (652 mil 238), es decir, solamente tienen el dominio de su lengua materna.
En términos de género, 11.8% son mujeres monolingües y 5.6% son hombres que están en dicha condición, lo cual pone al género femenino en desventaja para incorporarse a los ámbitos educativo y laboral, o para atender cualquier otra situación de la vida cotidiana que esté fuera de su entorno. Basta con citar que de la población indígena analfabeta con 15 años y más, el 22.3% son mujeres y 13% son hombres, o que en 2017 de la población entre 25 y 29 años con algún grado de educación superior, el 20% eran hombres y 6.1% mujeres.
Además de los problemas de salud de las mujeres indígenas se agudizan por la desnutrición y el trabajo físico excesivo e inclusive la violencia familiar, así como por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos.
