Les digo, la actitud improductiva de los diputados integrantes de la LXIII legislatura del estado, no tiene parangón. Remachan su triste papel de inútiles.
Otro botón de muestra de los muchos que he puesto en el Escaparate, es la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Desde el pasado 3 de mayo la aprobaron al vapor, como siempre. Sin la adecuación de las normas de las instituciones oficiales a esta nueva ley, la publicaron en el periódico oficial y, supuestamente, entró en vigor el pasado 21 de mayo.
El plazo legal para que a la nueva ley esté debidamente armonizada, es decir que se hayan hecho las reformas legales relacionadas con ella, venció el pasado día 17 pero siguen modelándola con la tortuosidad diputadil.
?A qué podemos atribuir tanto desgano? Ya lo dije: los diputados que llevan en la frente el símbolo de la corrupción, no pueden hacerse el harakiri que eso significaría una ley anticorrupción con buenos dientes y garras.
Hasta ayer algunos “levantadedos” empezaron a hablar de la necesidad de adecuar al sistema anticorrupción la Ley Orgánica del Reglamento Interno del Congreso del Estado. De esta manera sería obligatoria la comparecencia del tesorero ante el pleno legislativo para que todos sepan cómo maneja el presupuesto ?Alguien cree que se atrevan?
Uno de los observadores minuciosos de este congreso cuyo presidente, Samuel Gurrión, anda luciendo su opulencia en Europa, me dice que tienen una estrategia dilatoria muy sospechosa, principalmente en el combate a la corrupción en el mismo poder legislativo.
“Honestidad valiente”
La duda nace con la intención de los diputados del Morena y del PRI, Irineo Molina y Nieves García, que son los que tienen mano. Como jefes de su respectiva bancada, manejan la Jucopo y el presupuesto con gran opacidad -?y la honestidad valiente?-. Me dicen que su intención es poner trampas que obstaculicen la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción. Para empezar, los primeros en acatar dicha ley deberían ser los propios legisladores.
Algo muy turbio están moviendo en el congreso contra la naciente ley. Ya para que el propio diputado perredista Horacio Antonio Mendoza diga que “es necesario un parlamento abierto porque estamos en una legislatura muy cuestionada”, el cochinero debe ser mayúsculo.
Apegado a la conseja popular de que “el buen juez por su propia casa empieza”, el legislador Mendoza, anunció que presentará una iniciativa para que los diputados “tengamos la facultad de ordenar la comparecencia del tesorero del Congreso”. Revela un dato que exhibe la gran corrupción en el congreso local: “aunque se lo pidan los 42 diputados, el tesorero de la cámara no rinde cuentas a nadie. Sólo lo hace cuando se lo ordene la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Propone que la presencia del responsable de las finanzas de la 63 Legislatura del Estado, ante el pleno, sea cada tres o seis meses. Se vale soñar.
Pero sus anhelos que, seguramente, serán sepultados por la cleptomanía que identifica a nuestros flamantes diputados, van más allá.
Este legislador perredista insistió en el parlamento abierto que, entre otras cosas, permitirá a todos los diputados conocer realmente el monto del presupuesto que recibe el congreso del estado, saber quién y cómo se gasta.
Presiones
Como para espolear a los legisladores y hacerles sentir que el fin de la opacidad en el manejo del dinero público es una de las exigencias más sentidas de la sociedad, los concejeros del Instituto de Transparencia que encabeza el economista Francisco Álvarez, acudieron al congreso.
Ante las comisiones que no hacen por agilizar la madurez de dicha ley, vean lo que hicieron ver a estos diputados.
El valor de la honestidad
En su propuesta de adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Oaxaca en el marco de Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el IEAI sostiene que:
“Afortunadamente, la contraparte corrupta del Estado puede ser alcanzada por el brazo de la Ley, ya que se prevé que empresas y personas físicas que sobornen, falsifiquen datos, hagan mal uso de recursos públicos, se coluden con el gobierno para obtener ventajas en compras y obras públicas, sean sancionados, en concordancia con el artículo 81 de la Ley General que establece la inhabilitación temporal, la suspensión de actividades, la disolución de la sociedad e indemnización a la SHCP.
“El gran problema es que la ciudadanía desconfía en sus instituciones lo que provoca que la población en general no sienta que sus intereses estén representados por las acciones de los gobiernos, ni cree que sean útiles los mecanismos que les provee el Estado, es cierto que hemos propuesto una serie de actividades que pueden implementarse desde el Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo, ni la mejor legislación, ni los mecanismos de control, ni las políticas punitivas, ni endurecer las penas, ni contratar auditores, ni nombrar fiscales, serán suficientes para reducir el problema si no se rescata el valor de la legalidad, de la honestidad, de la ética pública, de la formación profesional y de la transparencia. Menos, si el Estado de Derecho y las leyes, son letra muerta.
Que lo entienda el diputado
“El servidor público y su contraparte corrupta se la juegan como en un casino, se delinque y lo probable es que no se den cuenta, si alguien lo detecta con una buen defensa se elude la Ley, y en el peor de los casos si se llega a la cárcel en poco tiempo están libres, dicho de otra forma, corren un riesgo ínfimo comparado con la escandalosa acumulación de riqueza proveniente de estos actos. Ésta es la percepción. Crimen es que te agarren con las manos en la masa. Será necesario hacer uso de una estrategia institucional innovadora desde el Sistema Estatal Anticorrupción en medios de comunicación y redes sociales, que exhiba la corrupción y a los corruptos con nombres y apellidos”.
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