Urge redoblar esfuerzos para disponer de estrategias apropiadas e integrales que permitan a la niñas, niños y adolescentes que trabajan en labores domésticas, hacer realidad el derecho a una vida libre de explotación económica, el derecho a la educación, al juego, al esparcimiento y a participar en la vida cultural y social de sus comunidades.
No todas las tareas realizadas por niñas, niños y adolescentes deben clasificarse como explotación laboral que se ha de eliminar; por lo general, la participación de niñas, niños y adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con sus demás derechos, se considera positiva.
Actividades como la ayuda en el hogar o la colaboración en un negocio familiar, son provechosas para el desarrollo de la niñez y el bienestar de la familia, ya que les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.
El trabajo doméstico es uno de los menos visibles en México y más discriminados, pues con dificultad se ha visto la situación de personas adultas que laboran en el hogar, pero las niñas y las adolescentes que desde edades tempranas realizan trabajos domésticos, son totalmente invisibles y vulneradas en sus derechos.
En términos generales y con base en las recomendaciones internacionales, la ocupación infantil no permitida puede definirse como el conjunto de actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes que no están permitidas, ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, o bien, se llevan a cabo por abajo de la edad mínima permitida para trabajar.
En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, la mayoría de ellos en ocupaciones no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas dentro de su propio hogar. Este dato representa un crecimiento de 14.1% respecto de la última medición, en gran parte como reflejo del impacto multidimensional de la pandemia de Covid-19.
Violencia en mujeres
En Oaxaca tan sólo en el 20.5 por ciento de las mujeres que reportaron violencia física, se trató de agresiones moderadas; en el 79.5 por ciento, se trató de violencia física grave y muy grave, que asciende a más de 147 mil mujeres. Se clasifica como violencia física muy grave o extrema, aquella que directamente puso o pudo poner en riesgo la vida de la mujer, como el intentar ahorcar o asfixiar; agresiones con cuchillo, navaja o con arma de fuego, junto con otras agresiones físicas.
La violencia de la pareja ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres que están o han estado casadas o unidas, pues se estima que por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 47 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.
Se considera como violencia física moderada sólo a un acto violento como empujones, jalones o que le haya aventado algún objeto. La violencia física grave, es una combinación de golpes con las manos o con algún objeto, junto con otras agresiones físicas como empujones, que la haya amarrado o pateado.
La propia naturaleza e intencionalidad de las agresiones físicas, permite hacer una aproximación a la severidad de la violencia infligida contra las mujeres por parte de sus parejas. Se clasifica como violencia física muy grave o extrema, aquella que directamente puso o pudo poner en riesgo la vida de la mujer, como el intentar ahorcar o asfixiar; agresiones con cuchillo, navaja o con arma de fuego, junto con otras agresiones físicas.
El conjunto de mujeres que enfrentaron violencia muy grave o extrema (21.2%) y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que ascienden a poco más de 39 mil mujeres de la entidad. Los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional.
