Las mujeres que son madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos con sus actividades laborales. La participación de todas ellas en el mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos.
La mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hijas o hijos participa en el mercado de trabajo, mientras que al tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye. 28 de los 30 municipios con mayor porcentaje de mujeres jefas de familia se ubican en Oaxaca, los restantes están en Puebla y Sonora, donde además de cumplir con ser proveedoras únicas del sustento de su casa, son también responsables de las labores del hogar y acumulan jornadas de actividad entre 14 y 16 horas al día.
Las mujeres siguen enfrentando barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado del trabajo. Pese a ello, recuperaron los empleos que perdieron por la pandemia y no sólo superaron las cifras de ocupación remunerada que tenían antes de la covid-19, sino en que en 2022 lograron cifras históricas de participación laboral.
De esta manera, más mujeres rompieron esa primera barrera para ingresar al mundo laboral. Muchas seguirán enfrentando la brecha salarial, la doble jornada de trabajo, el estancamiento en puestos medios, el acoso y el hostigamiento y otras circunstancias, pero su mayor presencia en la economía y los cambios que millones impulsan van dando resultados.
En un país donde persisten las desigualdades económicas y sociales, el destino laboral y económico de las personas está definido en buena parte por el lugar en el que viven. Amén de que el 35% de las mujeres empleadas están subocupadas. Esto quiere decir que tienen la necesidad de laborar más horas y, por lo tanto, ganar más dinero.
Abandonados
Lamentablemente, el campo mexicano es desde hace ya varias décadas el sector social y productivo en mayores condiciones de rezago y vulnerabilidad, pues tan sólo en Oaxaca hay extensas franjas territoriales con pequeños productores, así como tierras dedicadas a la producción para el autoconsumo.
En nuestro estado vive la mayor parte de las personas hablantes de lenguas indígenas, hay más tierras de temporal que aquellas que disponen de agua suficiente para ser consideradas como zonas de riego, lo cual ha originado que muchas familias abandonen sus parcelas y vayan a las zonas urbanas en busca de mejores condiciones de bienestar.
Lo anterior ha ocasionado que se deje de producir y las aspiraciones de alimentación y la seguridad alimentaria, se encuentren muy lejos de contar con el presupuesto y los programas necesarios para hacer efectivo este derecho a toda la población. La dramática reducción de gente que labora el campo se debe, entre algunos factores, a la falta de oportunidades, migración hacia la frontera norte en busca de mejores ingresos, malos precios de garantía para sus productos y lo más grave: la presencia del crimen organizado, que los ha obligado a rentarles sus tierras.
El recorte presupuestal al campo ha puesto al país contra la pared y expuesto a una dependencia alimentaria y tecnológica total. Además de que en 10 o 15 años, la crisis alimentaria será mundial. Con el ajuste a la baja del dinero destinado al campo se han reducido, entre otras, asesoría técnica, combate a plagas, mejoramiento de semillas, áreas protegidas, zonas marítimas y protección de especies. Y de los 45 rubros que hay en el agro, 31 de ellos se verán perjudicados al no recibir apoyos, principalmente en lo tocante a investigación y comercialización, productividad, inversión, salud, investigación y apoyo a las mujeres.
Otros más como el cambio climático y el nivel de riesgo que tiene nuestro sistema agropecuario ante el calentamiento global, obliga a rediseñar las políticas para el sector, en orden de reducir nuestra vulnerabilidad ante los fenómenos hidrameteorológicos.
