El llamado cártel 22, la organización político-sindical que surgió hace 37 años, con la idea de reivindicar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, terminó en un poderoso grupo cuasi delincuencial.
Sus excesos los llevaron, finalmente, al repudio social. Vamos a repasar algunos de los últimos acontecimientos que confirman el epílogo de este grupo que se ubicó en el modus operandi de una organización criminal pero con mayor ventaja. Obtenían del gobierno dinero, plazas del magisterio a pasto, impunidad y hubo un tiempo en que hasta cogobernaban en el IEEPO. Además, hasta les aplaudían.
Su debacle la exhibieron ayer en un remedo de asamblea estatal con menos de la mitad de los delegados. No hablaron de escuelas cerradas por los daños ocasionados por el temblor. Tampoco discutieron los bajos índices de aprovechamientos escolar, la crisis en las Normales. Nada de eso. Enfocaron sus cañones de revanchismo y canibalismo contra sus compañeros, de muchas escuelas, que trabajan con apego a la Reforma Educativa.
Dos días antes, recibieron otro golpe letal. La CNDH dio a conocer sus conclusiones sobre el enfrentamiento en Nochixtlán a causa del fallido desalojo del bloqueo de la supercarretera. Señala responsabilidad a la PFP por su estrategia errónea y yerros en los protocolos para el uso de la fuerza pero también acusa que hubo disparos de arma de fuego desde las filas de grupos inconformes de la CNTE.
Independientemente del deslinde de responsabilidades, tanto de la Policía como de los rijosos, derivado de los peritajes e investigaciones de instancias federales, del tema ha permitido ventilar artistas muy oscuras del actuar del llamado cártel 22.
Lo raro es que la CNDH inculpa a los dos grupos pero casi nada ha dicho de la responsabilidad que pudiera tener el exgobernador Gabino Cué. Señala que no hubo buena planeación del fracasado desalojo, pero no menciona, por ejemplo, que una noche antes de aquel fatídico domingo en Nochixtlán, Gabino se embriagaba en una boda en el exconvento de Santo Domingo. Ahora, la imprevisión gubernamental la tratan de recargar en Carlos Santiago Carrasco el que fue su último secretario General de Gobierno.
Otro detalle muy notorio es que en el informe de la CNDH poco se dice de los policías víctimas. Como para hacer notar la propensión de ignorar los derechos humanos de los policías en caso como estos, el comisionado de la PFP, Manelich Castilla, reveló datos poco conocidos y que Derechos Humanos, poco menciona.
El comandante detalla que tras el enfrentamiento den Nochixtlán, en junio de 2016, una docena de policías federales quedaron incapacitada para el servicio público. Hubo además, más de 90 policías federales heridos, 12 de ellos, desarmados, resultaron con heridas graves, incluso de bala, que los inhabilitó de por vida. En entrevista con El Financiero, aseguró que algunos de estos elementos sufrieron amputaciones de extremidades o lesiones por cohetones y balas, que causaron lesiones permanentes y afectaciones tanto a los elementos como a sus familias. Hubo quienes perdieron dedos y otras extremidades, además de heridas graves provocadas por cohetones en zonas sensibles. Algunos de los uniformados, hombres y mujeres, fueron atacados con cohetones de alto poder, dos fueron rociados con gasolina, muchos golpeados y en dos casos fueron heridos de bala.
Imputados
La recomendación de la CNDH, de inmediato fue rechazada por los rijosos del cártel 22, Saben que evidenciada su actitud criminal en Nochixtlán, se les acaba la última bandera que agitaban para justificar su violencia.
El documento de la CNDH es muy extenso, más de 800 páginas, pero, por lo dicho por el ombudsman, “no existe un elemento que pudiera siquiera insinuar que en alguna de las muy lamentables pérdidas humanas que se dieron, pueda ser imputable la Policía Federal”.
Sabedores de la responsabilidad en que incurrieron por su evidente actitud incitadora de tanta violencia, durante casi 15 meses, los del cártel 22 obstaculizaron los peritajes. Finalmente se supo la verdad.
La forma tan violenta y fanática con que actuaron los milicianos del cártel 22 en Nochixtlán, los llevó al repudio social. Sus formas de actuar los exhibieron como lo que son: una organización criminal porque, al igual que los otros cárteles, se han insensibilizado ante la tragedia humana: unos torturan y los otros también; unos asesinan y los otros también. En comparación con otros carteles, unos atacan a pocos, los de la 22 a todo el pueblo. Quemaron edificios, camiones, mantuvieron rehenes, etc.
Estos excesos, ante los ojos de la sociedad, significan complicidad y vacío del poder institucional. Por eso se vieron obligados a quitarles el IEEPO donde las facciones magisteriales se distribuían el poder y puestos sindicales, para medrar. Como verdadero cartel pactan silencio y acuerdos para repartirse el botín que obtienen del gobierno.
Al interior del magisterio saben que los “democratizadores” son más rapaces que los de la era de Jonguitud y Elba Esther. Cartel 22 se montó sobre la estructura del PRI partido del que obtuvieron gran provecho. Los sucesivos gobernadores los cebaron con miles de plazas que podían vender o heredar al más inútil de su familia.
La cloaca
Otros dilemas que enfrentan en este momento, son: la dilación en la toma de nota de su sección sindical cuestión que los mantiene más que rabiosos. El reducido poder de convocatoria a sus movilizaciones, los auténticos maestros se han dado cuenta del Frankestein que crearon al acudir a las multitudinarias manifestaciones. Por si hiciera falta algo, la muerte de una joven alumna de la Normal de Tamazulapam, surge como el moño de la ofrenda mortuoria.
El mismo estudiantado se ha encargado de revelar los abusos y excesos en esas escuelas que no forman maestros sino guerrilleros.
El indoctrinamiento permanente con tesis de guerrilla urbana y otros temas para dogmatizar a las normalistas, en el caso de Tamazulapam, la revelan las alumnas al explicar las razones de la muerte de su compañera. Nos someten -dicen- a explotación laboral, física y activismo político sindical de que son víctimas. “No nos enseñan para ser educadoras sino para ser combatientes”.
La muerte de la normalista Lizbeth Nohemí Escalante Pérez, de apenas 18 años, del primer semestre de la Escuela Normal Rural Vanguardia, vino a destapar la cloaca normalista.
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