La ciudadanía está cansada de seguir siendo rehén de organizaciones y grupos de presión que han encontrado en la violencia su forma de operar para presionar y obtener sus pretensiones políticas-económicas. Los oaxaqueños confían exista el firme compromiso de no ceder al chantaje mucho menos a la impunidad de quienes arropados en la muchedumbre cometen ilícitos.
Los oaxaqueños desean el respeto irrestricto de los derechos y libertades públicas y civiles, así como el respeto a los derechos y libertades de terceros. No poner en riesgo la paz pública, los servicios básicos, ni las actividades productivas de fuerte repercusión en la economía y bienestar de la sociedad, así como restaurar la confianza en las leyes y las instituciones, mediante un ejercicio democrático y socialmente responsable de los actos de autoridad; en suma, mantener el Estado de Derecho y el orden público.
Hoy se necesita convocar a las organizaciones sociales, partidos políticos y magisterio a devolverle la convivencia armónica a los oaxaqueños que desde hace varios años padecen un clima de constante confrontación. Solo con el concurso de todos podremos alcanzar días venturosos para todos los oaxaqueños, donde las diferencias se puedan dirimir por medio del diálogo y la conciliación, en un marco de apego a la Ley y de respeto a los derechos de terceros.
Ante un escenario de crispación social que se vive en diversas entidades del país, en Oaxaca se necesita equilibrar los derechos de todos los integrantes del tejido social, construir consensos y medidas de solución a los problemas que vive el estado, bajo un clima de madurez y civilidad política entre el Gobierno y los diversos actores sociales. Nuestro estado debe recuperar de una vez por todas, el estado de derecho, libertad, paz, seguridad y armonía.
Nunca como ahora se necesita contar con un estado modelo en el ejercicio amplio de las libertades públicas y los derechos humanos, así como la construcción de un entorno de concordia, pero sobre todo, en la aplicación estricta de la ley para desterrar cualquier acto de impunidad.
Acabar con la pobreza
La pobreza abarca no sólo temas de salud, educación o alimentación, sino que se trata de un problema estructural que tiene diferentes dimensiones con miras hacia el desarrollo. Acabar con la pobreza en el país requiere hacer un cambio fundamental, que atraviesa por dejar de lado los paternalismos y las políticas asistencialistas, involucrando la participación de la comunidad para hacer a las personas actores y no sujetos de su propio desarrollo.
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia en alguno de los indicadores de derechos sociales y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios contemplados en las canastas alimentaria y no alimentaria, lo que se conoce como Línea de Bienestar Económica, de acuerdo con Coneval.
Es necesario insistir que tenemos una responsabilidad con la transformación de la sociedad dentro del ámbito de las políticas públicas, para que los conocimientos y competencias que surgen desde la academia se puedan poner a disposición de las poblaciones de manera oportuna y al menor costo posible. Sobre todo, porque a pesar de los avances que se tuvieron en nuestro país antes de la pandemia, existen estados que superan el 60% de su población en la pobreza como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Por eso se mantiene el enorme reto de que la pobreza no vaya a aumentar más y sobre todo generar políticas públicas adecuadas al siglo XXI, para que en México se puedan generar los empleos necesarios para que millones de personas dejen de ser pobres y solo será posible si se da certeza a la inversión.
El combate a la pobreza necesita programas y estrategias sociales eficaces, pero, lo más importante, requiere crecimiento económico, creación de empleos, aumento de la productividad y de los ingresos. Ningún país puede reducir la pobreza con tasas de crecimiento promedio anuales de 1.4% per cápita, como ha experimentado México.
