Hay dos sucesos que, definitivamente, lanzan al fango del descrédito -y del ridículo- al Tribunal Estatal Electoral.
Primero, el Tribunal Federal Electoral, a través de su sala regional en Xalapa tiró al basurero, digo desechó, un paquete de cinco sentencias del Tribunal local que integran los magistrados: Elizabeth Bautista Velasco, Miguel Ángel Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vázquez. La vergüenza la sufrieron el pasado inicio de semana. Lo menos que les dicen los magistrados federales es que “no son exhaustivos” en sus análisis antes de emitir sus sentencias.
Segundo, al estrecharse los tiempos electorales para el próximo año, el Congreso local decidió reducir el presupuesto al Instituto Estatal Electoral en unos 18 millones de pesos. Se calcula que este recorte alcanzará también al Tribunal Estatal Electoral. Golpe por doble partido. A su calidad moral y a los bolsillos de los tres magistrados. Bueno, esto último es un decir, porque estos, por lo visto, obtienen ingresos extraordinarios con sus sentencias a modo y que, por lo mismo luego les echa abajo la instancia federal.
Las sentencias del TEEO que invalidó el Tribunal Federal son las siguientes:
Revoca la validación de la elección de concejales del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán. Dice que
“contrario a lo indicado por el TEEO, la manera como se integró el Consejo Municipal Electoral no afectó al sistema normativo interno del municipio”. En consecuencia, la Sala Regional validó la elección de concejales del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, decretada por el IEEPCO.
El mismo Tribunal federal revocó la sentencia del TEEO y confirmó el acuerdo de validez de las elecciones de concejales del Ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores, decretado por el IEEPCO. En este caso, dicen a los magistrados locales que “no fueron exhaustivos al analizar las pruebas presentadas”.
Respecto a la elección del municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza, el Pleno de la Sala Regional Xalapa modificó la sentencia del TEEO que revocaba la elección de René Linares Illescas como presidente municipal, supuestamente por no ser originario del lugar. En este caso los magistrados federales también determinaron que el TEEO “no fue exhaustivo al examinar el contexto particular de presidente municipal electo”.
En este espacio ya comenté el caso de la regidora de Santa Lucía del Camino a quien el TEE atendió negativamente su petición de justicia como víctima de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal Dante Montaño. La Sala Federal le enmendó la plana al reconocer la existencia de los hechos de violencia en contra de la dama.
Hasta en cuestiones menores le enmiendan la plana al TEE. Es el caso de las agencias municipales de Santiago Petlacala y Cerro Hidalgo, ambas del municipio de San Martín Peras. Estos dos pueblos reclaman la entrega de participaciones que no cumple la cabecera municipal. Le ordenan al Tribunal local que intervenga con decisión y aplique la ley.
MÁS EVIDENCIAS
El abogado Dilthey Martínez de la Agenciadm2, dice lo siguiente:
El Tribunal Estatal Electoral que preside la magistrada Elizabet Bautista Velasco miembro del Observatorio Electoral de Genero A.C. tiene la obligación, entre otras cosas de devolver la honorabilidad a este órgano colegiado y abocarse a investigar la existencia de posibles conflictos de interés.
Hay diversas acusaciones de sobornos al ex magistrado Jiménez Viloria y al magistrado presidente saliente Carballido Díaz a quienes señalan de emitir proyectos de sentencias a modo.
Un posible caso de conflicto de intereses -dice el abogado Martínez- es la relación pública del magistrado Carballido Díaz con el titular del Corporativo Silva y Asociados, Veremundo Alejo Silva Hernández. Su hermano Rosendo es asesor de Carballido Díaz en el TEEO. Estos personajes son miembros de la asociación de abogados “Benito Juárez” y tienen una relación de intereses con la diputada priista Maritza Scarlett Vásquez Guerra.
Cuando estuvo presa Vásquez Guerra, ex directora de Notarías, acusada por abuso de autoridad en prejuicio, el titular del Corporativo Silva y Asociados, se hizo cargo de su defensa legal. La dama quedó libre bajo caución, luego de garantizar un monto de 18 millones de pesos al Juzgado Segundo de lo Penal.
La fianza para su libertad provisional, la consiguió con la escritura de la finca “El Abasolo” en Santiago Xanica, propiedad de Sósimo Díaz Jarquín. Este señor dice que está arrepentido, alude que fue timado por Vásquez Guerra y Silva Hernández porque firmó el contrato de fianza bajo la promesa de ambos de otorgarle una contraprestación de trescientos mil pesos, cuestión que a la fecha no ha sucedido.
Visítenos en: www.escaparatepolitico.com
O escríbanos a [email protected]
Twitter: @escaparate_oax
Facebook: [email protected]
