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Sube precio del gas

El precio del gas en México es un tema que afecta directamente a los hogares, las empresas y la economía en general. En los últimos años, el costo del gas ha mostrado fluctuaciones debido a diversos factores, entre ellos los precios internacionales de los combustibles, las políticas gubernamentales y las condiciones de distribución en el país.

El aumento del precio del gas en México es un tema complejo que afecta a diversos sectores y requiere de políticas integrales que promuevan tanto la estabilidad de precios como el acceso equitativo a este recurso esencial. El precio del gas LP (licuado de petróleo) y el gas natural depende en gran medida de los mercados internacionales, ya que una parte considerable del gas consumido es importado, especialmente de Estados Unidos.

Esto significa que las variaciones en los precios globales, como el aumento de la demanda en invierno o las interrupciones en el suministro, impactan directamente el costo en el mercado mexicano. Otro factor importante es la regulación gubernamental. Desde 2017, cuando se liberalizó el mercado de combustibles en México, los precios del gas dejaron de estar completamente controlados por el gobierno, permitiendo a las empresas establecer tarifas con base en la oferta y la demanda.

Sin embargo, para evitar abusos y proteger a los consumidores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) supervisa los precios y establece límites máximos en ciertas regiones. El aumento del precio del gas tiene múltiples efectos en la población pues para las familias mexicanas, especialmente aquellas de bajos ingresos, representa un incremento en el gasto mensual, ya que el gas es esencial para cocinar, calentar agua y, en algunos casos, para la calefacción.

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, un aumento en los costos del gas puede traducirse en mayores precios de los productos y servicios, afectando su competitividad. Además, el costo del gas influye en la inflación, ya que muchos bienes y servicios dependen de este insumo.

 

Persiste desabasto

 

El desabasto de medicinas en México es un problema persistente que afecta a millones de personas en el país, especialmente a quienes dependen del sistema público de salud. Este fenómeno ha generado una crisis sanitaria que impacta tanto a pacientes como a profesionales de la salud, y sus raíces son multifactoriales.

Entre las principales causas del desabasto se encuentran la falta de planificación adecuada en la compra y distribución de medicamentos, la centralización de las adquisiciones y la falta de coordinación entre instituciones. Además, las reformas implementadas en los últimos años, como la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), han generado cambios estructurales que, en algunos casos, han incrementado los problemas de suministro.

Otro factor importante es la relación con los proveedores. La implementación de nuevas políticas de adquisición, que buscan eliminar prácticas corruptas, ha provocado que algunos laboratorios y distribuidores dejen de participar en las licitaciones públicas, reduciendo la oferta disponible. Asimismo, la dependencia de medicamentos importados y los problemas logísticos derivados de la pandemia de Covid-19 también han exacerbado esta situación.

Las consecuencias del desabasto son graves. Pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer o insuficiencia renal han visto interrumpidos sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida. En algunos casos, los pacientes se ven obligados a adquirir medicamentos en el sector privado, lo que genera gastos adicionales que muchas familias no pueden afrontar.

Aunque las autoridades han anunciado estrategias para mejorar la distribución, los resultados han sido insuficientes para resolver el problema de fondo. El desabasto de medicinas en México es un tema urgente que requiere una respuesta integral, basada en la planificación, la transparencia y la colaboración entre el sector público y privado, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de toda la población.

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