Por: Eduardo Castillo Cruz
No son todas, pero cada vez más las parejas que se unen en matrimonio bajo el régimen patrimonial conocido como “lo tuyo es mío y lo mío es tuyo” (sociedad conyugal), deciden, desde el momento de la firma ante el Oficial del Registro Civil, o posteriormente, sobre los bienes que no entrarán a formar parte del patrimonio común, como son la donación, herencia, legado o producto de la suerte que no fueran obtenidos en consideración al matrimonio.
Al respecto, existen interpretaciones que se basan en la expresión “el que calla otorga”, para referirse a que, si en letra no se pactan “capitulaciones”, en automático todo pasa a formar parte del fondo común.
La Corte mexicana, en su momento (1957), consideró que la comunidad de bienes debería producir sus efectos en los casos del régimen de sociedad conyugal, aun cuando no existieran dichas capitulaciones matrimoniales, por considerar que era “una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los cónyuges, que unen sus personas y sus intereses” y que no podía ser idéntica a un contrato de sociedad que “tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines económicos”.
Algo así como una interpretación del silencio de los contrayentes atendiendo a la naturaleza del contrato de matrimonio celebrado, calificado como vínculo de mutua colaboración y esfuerzos, de partícipes tanto de los beneficios como de las cargas, que les da un derecho igual y por mitad sobre los bienes y productos (copropiedad). Este criterio dio origen a la jurisprudencia emitida en el año 2001.
Recientemente, la misma Primera Sala de la Corte mexicana ha emitido otro criterio, se trata de una jurisprudencia sobre el mismo tema, pero analizando una legislación diferente.
Al adoptar la doctrina que sostiene que la naturaleza sustancial del matrimonio no es propiamente la de un mero contrato civil, sino la de una institución familiar, consideró que “el matrimonio está sujeto a un cúmulo de normas que no pactan las partes y que lo regulan ampliamente en sus diversos ámbitos, existentes previamente a la configuración de la unión familiar” (acto-condición).
En cuanto a la existencia de una comunidad de bienes de tipo universal o total en la sociedad conyugal legal, que comprenda todos los bienes y derechos, pertenecientes a los cónyuges antes de contraer el matrimonio y los adquiridos con posterioridad, lo condicionó a que expresamente lo establezcan los cónyuges en capitulaciones matrimoniales.
“Pero no puede presumirse en modo alguno la subsistencia de esa comunidad de bienes universal o total, por el hecho de no haberse pactado capitulaciones matrimoniales, ni es dable admitir por este hecho la existencia de esa “universalidad” sólo respecto de los bienes adquiridos durante el matrimonio, porque… lo que pervive conforme al código familiar en estudio, es un sistema legal de gananciales matrimoniales, que sólo comprende los que la propia legislación establece, y que da cuenta de que, ante la ausencia de capitulaciones, la comunidad de bienes en la sociedad conyugal siempre es limitada, porque en el matrimonio tienen cabida en forma diferenciada, el patrimonio de la sociedad, y los patrimonios particulares de los consortes”.
La Primera Sala de la Corte mexicana emitió la jurisprudencia con número de registro 2022009, con la precisión de que en los 6 estados de la República Mexicana que en su legislación civil o familiar no existe una “regla legal que directa y expresamente excluya del patrimonio común de la sociedad conyugal los bienes adquiridos por cada cónyuge a título gratuito por donación, herencia, legado o don de la fortuna, o bien, que expresamente los incluya… el criterio sustentado en esta resolución, en principio, no se advierte, per se, de aplicación análoga a esas diversas legislaciones, cuyo régimen, en todo caso, exige interpretación propia para definir dicha cuestión”.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
