La 22 del SNTE y las secciones 35, 07, 73 y 94 de los trabajadores de la Secretaría de Salud, están catalogadas como las más corrompidas y violentas. Sus dirigentes tienen muchas cosas en común.
Sus tácticas de permanente confrontación con el Estado, han permitido a sus líderes poder económico y político sin medida. Han sido capaces de poner contra la pared no solo al gobierno sino a la misma sociedad civil.
Tantas prebendas arrancadas a funcionarios timoratos, los hacen incontrolables. Así sucedió con el último paro en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”. Alberto Vázquez Sangermán, dirigente de la sección 07, prometió a sus seguidores que les daría 10 mil pesos en lugar de uniformes “chafas” de trabajo. Cuando vio inviable su petición, fuera de toda norma, se le hizo fácil cerrar el nosocomio para presionar al cumplimiento de su capricho.
Los vicios se multiplican. Además del tráfico de plazas (18 mil empleados, en su mayoría burócratas administrativos), están el robo hormiga de fármacos y equipo de los nosocomios y la oposición sistemática a la compra “consolidada” de medicamentos porque terminaría con la corrupción que salpica a los líderes sindicales que avalan todas las licitaciones. Estos factores han hecho tocar fondo a la crisis en los SSO. Obvio, el principal ingrediente es la corrupción desde las más altas esferas del gobierno.
Lo que preocupa al actual gobierno es que la confabulación de los líderes sindicales ha escalado hasta el crimen. El asesinato del administrador de los SSO, Rafael Pérez Gavilán, confirma que no es cosa menor. El riesgo es mayúsculo.
TERCER RELEVO
Esto explica que sólo en el primer año esta Secretaría vaya por el tercer titular.
La descomposición engulló a la primera secretaria, Gabriela Velásquez Rosas que fue relevada por Celestino Alonso quien también se va agobiado por esa orgía de la ilegalidad. Hoy va Juan Díaz Pimentel. La personalidad y trayectoria de político “duro” de este último, habla de la urgencia de poner orden en una de las instituciones más desprestigiadas aun siendo de las más sensibles por el papel que juega en la salud de los más necesitados.
Vicios tan arraigados requieren de un político con oficio. Que desayune huevos y cene sesos. Solo así podría enfrentarse a esa marabunta sindical cuya reacción masiva es impredecible en cuanto el nuevo titular empiece a poner orden.
CARTEL 22
Aunque con muchas resistencias, algunos capos del cartel 22, otro de los sindicatos moldeados en la figura de Frankestein, empiezan a caminar por el sendero de la prudencia. Al menos es lo que se ve en el vacío que hacen las bases a las convocatorias de los grupos rijosos. Se ven desbalagados y cada grupo, infructuosamente, trata de reeditar los viejos tiempos de las violentas manifestaciones.
La inmensa mayoría de los maestros, finalmente, descubrieron el juego perverso de sus líderes. Se dieron cuenta de la ironía de que las canonjías y corrupción del sindicalismo “charro” del SNTE, cobraron carta de naturalización en la CNTE. Venden, o vendían, las plazas que el gobierno entrega al sindicato. Su práctica más desvergonzada es el tráfico descarado de plazas. Ahora mismo exigen 2 mil plazas más. Los puestos de trabajo en el magisterio se pueden aún vender, comprar, heredar, traspasar e intercambiar. Defienden las comisiones sindicales que no son más que aviadurías; defienden la secrecía en el uso de las cuotas sindicales; defienden que éstas sigan sirviendo para acrecentar las fortunas de los líderes sindicales.
En fechas electorales como las que estamos viviendo, contravienen sus normas “democráticas” de no participación en elecciones y rechazo a la injerencia de los partidos en la vida sindical. En el lenguaje propio del dueño del partido Morena, los jefes de las tribus del cartel 22, mandan al diablo sus principios rectores y operan descaradamente en favor de AMLO y otros partidos.
SE CURA EN SALUD
Temerosos por la alta probabilidad de no mantener la Presidencia de la República y mayoría en el Congreso, los legisladores priistas se curan en salud. Es decir, quieren coartar la libertad de escribir y opinar para que nadie los pueda criticar en los medios escritos y electrónicos.
Si faltara una ley para demoler definitivamente en este país, la crítica pública único recurso contra los abusos de poder, ya está casi lista. Será delito publicar una verdad si se considera que “desprestigia” a alguien. Así de punible será.
En la Asociación de Periodistas de Oaxaca y demás organizaciones periodísticas, el fin de semana pasado se prendieron los focos rojos ante uno más de los clásicos madruguetes de los diputados federales, la mayoría del PRI, al votar la reforma, avalada con 386 votos y remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En un inicio, la reforma estaba dedicada especialmente a los medios electrónicos, pero en las modificaciones al artículo 1916 del Código Civil Federal se lee: para que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio, o exponer al desprecio de alguien”.
Con esta ley patibularia el PRI muestra su intención. Quiere librarse de toda crítica por sus abusos y corrupción que ha cometido desde el poder.
La noticia prendió los focos rojos en todas las organizaciones de comunicadores profesionales. Y no es para menos porque ante el simple hecho de que una persona que se sienta “desacreditada” o expuesta al desprecio de alguien por un comentario en las redes sociales o en Prensa escrita, sobre un caso, aun siendo cierto, podría presentar una demanda civil para “reparar el daño”. Hay que estar muy alertas.
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