El mes de enero, en el tema de la seguridad pública estatal y municipal, dejó más dudas que certezas. Los crímenes vía ejecución; los más de 22 feminicidios acumulados y la ubicación de nuevas zonas en donde el crimen organizado parece estarse asentando, han creado entre los diversos sectores sociales una honda preocupación. Hay días en que se cometen hasta cinco ejecuciones y tal parece que la ola criminal le está ganando espacio al Estado con todos los instrumentos que tiene a su disposición. El fin de semana pasado, en la columna de este diario dimos un recuento pormenorizado de los homicidios dolosos que se cometieron. Y lo que más preocupa es que no haya un posicionamiento de parte de la administración del gobernador Salomón Jara respecto a lo que algunos observadores han calificado como un reacomodo de los grupos criminales en la entidad, con su cauda de sangre, extorsión, cobro de derecho de piso y, obviamente, levantones y otros ilícitos.
Hace unos días el ejecutivo estatal insistió en aquellos lugares emblemáticos para las operaciones criminales: Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Tuxtepec, Pinotepa Nacional y Matías Romero. En efecto, dichos municipios han registrado altos niveles de criminalidad, pero no son los únicos. Por ejemplo, San Pedro Pochutla y algunos lugares de los Valles Centrales como Santa Cruz Xoxocotlán, no se quedan atrás. La Costa le ha quitado uno de los primeros lugares a Tuxtepec, por ejemplo. La ciudad de la Cuenca del Papaloapan y su área de influencia han tenido una baja notoria en la actividad delictiva. No ocurre lo mismo que Juchitán, que sigue como una de las ciudades más inseguras no sólo de Oaxaca sino del país. La capital oaxaqueña ni se diga. El mismo presidente municipal, Francisco Martínez Neri se ha declarado casi incompetente ante el clima de inseguridad.
Nuestra crítica a los responsables de la tarea de brindar seguridad en el gobierno estatal y municipal no ha sido fortuita o en desapego a la realidad. Los funcionarios que están al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) o el titular de la Secretaría de Seguridad, Movilidad y Protección Civil, del ayuntamiento capitalino, así como sus homólogos en los diversos municipios, tienen la delicada tarea de cumplir. Es cierto, hay muchas carencias. Pero que ello no sea argumento para regodearse en la comodidad de las declaraciones para escurrirle al bulto.
Viejas banderas
Ya es de todos sabido que el nuevo Comité Ejecutivo Seccional de la 22, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que fue designado en asamblea estatal a mano alzada el 27 de noviembre pasado, aún no cuenta con el reconocimiento de las autoridades laborales del país y el estado. Es decir, es una directiva “espuria”, tomando uno de los términos usuales en el lenguaje magisterial, que no tiene la representatividad para negociar o, incluso, para emplazar a paros parciales o definidos. Paradójicamente su reconocimiento depende del Comité Ejecutivo Nacional de dicho gremio, aunque la S-22 se autodefina como militante de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en donde se ha convertido en una de las secciones más beligerantes, radicales y convenencieras.
Bajo esa premisa, en los últimos tiempos y sin tener banderas qué enarbolar que tengan credibilidad y consistencia, ha echado mano de viejos argumentos, en los que se ha cruzado con algunos organismos que se han dedicado a exprimir al gobierno tomando como argumento el castigo a los asesinos de alguno de sus dirigentes. Tal es el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR), uno de los brazos ejecutores de la S-22, que pese a que dos de los presuntos asesinos de uno de sus dirigentes, Tomás José Martínez Pinacho, insisten en el tema de justicia. En días pasados, junto con la dirigencia del magisterio mal llamado democrático sacaron una nueva bandera: el castigo para los responsables de los hechos de Asunción Nochixtlán, ocurridos el 19 de junio de 2016. Es decir, las ocurrencias de algunos son seguidas por los demás. En el caso de la Sección 22, de acuerdo a su dirigencia espuria, ya preparan su calendario de lucha. No por el mejoramiento de la calidad de la educación, sino para recuperar sus privilegios.
El gobierno de Salomón Jara, más que preocuparse por la revocación de mandato y demás vaguedades, debe emprender una política que evite que el sector magisterial, en esa lucha por recuperar sus prebendas y posición de mando que tuvo desde 1992 a 2015, siga afectando la educación de más de un millón de alumnos de los diversos niveles escolares. El gremio, al igual que los normalistas perpetuamente insatisfechos, debe entender que el pueblo oaxaqueño está harto de la movilización perpetua y demás posturas de chantaje y presión.
