Pasadas las cuatro ediciones de la Guelaguetza, Oaxaca vuelve a su realidad, aun cuando continúa la Feria del Mezcal y el Centro de Convenciones se encuentre convertido en una cantina gigantesca, incluso, ahí cuerpos de socorro han atendido a decena de jóvenes intoxicados por el alcohol.
Hablando en sentido metafórico, sí en estas festividades de la Guelaguetza, el gobernador del estado bailó con las ocho regiones, ahora le tocará bailar con la más fea, pues tiene la amenaza latente de la Sección 22 de realizar, en septiembre, un paro indefinido de labores, tras considerar insuficientes las respuestas a sus demandas por parte de los gobiernos federal y estatal.
Lo peor es que se encuentra solo para enfrentar este conflicto, que no le estalló, así de grave, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pues parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha aventado la bolita y lo ha abandonado en las negociaciones.
Al menos, eso es lo que dio a entender la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, invitada del gobernador en los festejos de la octava de la Guelaguetza.
Entrevistada por nuestra hábil reportera, Yadira Sosa, la funcionaria federal apostó por el diálogo y los avances que mantiene el Gobierno del Estado con la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, en la solución a su pliego de demandas.
Para luego asegurar que esta situación con los trabajadores de la educación representa un tema que trabaja y corresponde solo al Gobierno del Estado. O sea, compete solo al gobierno de Salomón Jara Cruz.
¿Qué pasaría, que el gobierno de López Obrador no maniobra con la Sección 22 para quitarle una piedrota al gobierno de Oaxaca?
Esto da la impresión de que se avecina la inestabilidad para nuestro querido estado, pues los maestros son un hueso duro de roer.
Cierto. Los profesores de la Sección 22 se habían apaciguado por la intervención del gobierno federal que le quitó muchas piedras y abrojos al gobierno del chaval, Alejandro Murat, al grado tal que el presidente López Obrador le hizo creer que era un político talentoso, pero que al final dejó obras malhechas y un fuerte adeudo al gobierno de Jara.
Lo cierto es que los profesores no realizaron plantones como ya nos tenían acostumbrados. Pero ahora las cosas son diferentes.
Resulta que la propia Sección 22 está atravesando por una crisis interna, que la actual dirigencia que encabeza Yenny Aracely Pérez Martínez, no la tiene tan fácil.
La decisión tomada recientemente por la Asamblea Estatal del magisterio de fiscalizar a la administración de los llamados “pozoleros”, encabezados por Eloy López Hernández, suena atrevido pues este es un grupo bastante fuerte, políticamente, que podría desestabilizar la dirigencia de Yenny Aracely.
Tiene entre sus filas a Irán Santiago Manuel, quien es diputado federal por Morena y amigo personal de López Obrador, quien recibió una golpiza en la Guelaguetza organizada por la Sección 22, en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Para variar, al día siguiente fue nombrado “persona non grata”. Con ello, la actual dirigencia, le declaró la guerra abierta a los “pozoleros”.
Llama la atención también, las acusaciones que en contra de los “pozoleros” ha realizado el gobernador Jara Cruz, al considerarlos muratistas.
Hay que recordar que el pasado 22 de junio, informó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, que estos exlíderes de la Sección 22 del SNTE ocultaron a los trabajadores agremiados a su sindicato, 11.5 millones de pesos mensuales que se devolvían al sindicato del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Eso dio pie a que los “pozoleros”, que no son tan buenas personas, fueran satanizados y en una asamblea estatal, pidieran auditarlos para saber el destino de esos recursos millonarios.
Lo grave es que la actual dirigencia anunció que el paro de labores indefinido iniciará el próximo 1 de septiembre de 2023, para coincidir con la reanudación del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados federal, con el fin de presionar a los legisladores para que deroguen las reformas educativas del año 2015.
Las otras demandas son: la abrogación de la actual reforma educativa “Peña-AMLO” y sus leyes secundarias, en particular la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, “por no responder a las necesidades administrativas laborales, educativas de la base trabajadora y de la educación en México”.
También la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al régimen anterior para la jubilación digna de los trabajadores de la educación: mujeres a los 28 años y hombres a los 30 años de servicio, sin importar la edad del trabajador.
Además de la cancelación de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), la vigencia de la Dirección General de Educación lndígena Intercultural Bilingüe, dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Pública y la cancelación inmediata a la iniciativa de la ley propuesta por el Ejecutivo federal, de que esta dependa del Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPÏ).
Otra exigencia es el aumento salarial de 100% para los trabajadores de la Sección 22.
Claro que hay temas federales, pero la titular de la SEP ya soltó que el pliego de demandas, compete solo al gobierno de Salomón Jara. Así las cosas.
